Ley de sometimiento recibió el aval del Consejo Superior de Política Criminal

Por medio de un comunicado oficial, el Consejo Superior de Política Criminal entregó sus observaciones al proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales de alto impacto, legislación que fue estructurada por el Ministerio de Justicia, liderado por Néstor Osuna. Este proyecto será entregado al Congreso de la República.

“Lo primero a tener en cuenta es que la iniciativa legislativa bajo estudio se considera que carece de una robusta evidencia empírica, como criterio o lineamiento político criminal que debe cumplir la iniciativa, máxime cuando la propuesta conlleva un impacto serio y real en el sistema penitenciario y carcelario”, precisó el organismo en el documento emitido en la noche del 9 de marzo de 2023.

Este documento también cuenta con apreciaciones del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa y de la procuradora Margarita Cabello, que ya manifestó en oportunidades anteriores su negatividad ante el proyecto de ley.

Frente a uno de los puntos transversales de la legislación, el principio de oportunidad, las observaciones fueron las siguientes: “El Consejo Superior de Política Criminal evidencia la existencia de una falta de claridad respecto a la modalidad de aplicación del principio de oportunidad, toda vez que no son claros los efectos jurídicos ni el momento de aplicación del principio de oportunidad”, se lee en el documento.

Otra de las apreciaciones que entregó este órgano del Estado fue sobre el personal que se necesita para el cumplimiento de los propósitos del proyecto, sobre este punto el Consejo de Política Criminal aseguró lo siguiente:

El proyecto “evidencia que la iniciativa prevé la creación de cargos al interior de entidades como la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, para poder cumplir con los propósitos del proyecto, lo que daría lugar a la necesidad de adición de recursos”, indicó la entidad.

Además, aseveró que, “cuando la iniciativa legislativa requiere de una adición o ampliación presupuestal, o tenga impacto fiscal”, debe contar con la aprobación del Ministerio de Hacienda.

Por último, el Consejo Superior de Política Criminal señaló que no hay claridad sobre la reparación de las víctimas y sus derechos a la verdad, justicia y garantías de no repetición. Sobre este punto, el comité elegido por este organismo aseguró que, “no se hacen expresos o incluso se ven reducidos o limitados, por lo que se sugiere ampliar su participación en las etapas del proceso de sujeción a la ley”, sentenció.

Frente a esto, “resulta necesario que la víctima pueda intervenir desde etapas tempranas del proceso y que, por ejemplo, sus observaciones puedan servir como insumo para la construcción de la imputación colectiva, tema del cual se abordará más adelante”, indicó el organismo en el documento presentado.

El también denominado proyecto de desmantelamiento a las organizaciones criminales fue presentado ante el Consejo Superior de Política Criminal el 15 de febrero y se esperaba el concepto de este organismo antes de que fuese radicado en el Congreso de la República.

El proyecto de ley, que cuenta con 54 artículos, propone que sea el Estado colombiano el que otorgue facilidad en los procedimientos penales. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, precisó que de aprobarse, esta ley sería de gran ayuda a “esas estructuras criminales para que terminen con su actuación criminal, para que entreguen sus bienes, la información que tienen y reparen a las víctimas”.

Estos beneficios serían otorgados a cambio de algunos compromisos y a cambio del cumplimiento de los mismos podrían quedarse hasta con el 6% de bienes que posean, el resto será incautado por el Estado y quedará en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).