JEP no debe postergar la investigación con enfoque de género, el llamado de las organizaciones sociales

El 8 de marzo de 2023, la Sala de Reconocimiento de Verdad del tribunal de Justicia Especial para la Paz (JEP) imputó 14 crímenes de guerra y de lesa humanidad a 10 excombatientes de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de la FARC-EP. Esto como consecuencia de los ataques a la población civil.

El caso 05 de la JEP investigó la afectación de 17 municipios en el Norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, que afectaron sistemáticamente a la identidad cultural de poblaciones campesinas, afro e indígenas.

Pero ante la decisión, la Alianza de Litigio de Género ante la Jurisdicción Especial para la Paz manifestó su preocupación, pues la Sala de Reconocimiento no incluyó la violencia sexual, la violencia basada en género o las asociadas a la orientación sexual e identidad de género diversas; a pesar del llamado de las víctimas y de las organizaciones sociales de mujeres y personas LGBTIQ+.

En el documento se explicó que el Estado colombiano está obligado a garantizar una vida libre de violencias a las mujeres y personas de los sectores sociales LGBTIQ+, por lo que la JEP tiene la obligación de implementar enfoques diferenciales que permitan el acceso a la justicia de estas víctimas del conflicto.

Las organizaciones sociales que conforman la alianza sostienen que la sala desconoció este principio, ya que en el análisis de los 14 crímenes de guerra cometidos por las dos estructuras de las Farc no incluyó un análisis transversal con enfoque de género.

En consecuencia, no se favoreció el análisis de la “macrocriminalidad” o de los patrones que se establecieron, así mismo se impidió la identificación de los responsables y del repertorio de violencias que fueron usadas en el conflicto armado colombiano.

A pesar de que le JEP emitió un comunicado de prensa en el que menciona que publicará un auto con estas características, para la Alianza esto es una evidencia de ausencia en la aplicación de un enfoque de género.

El llamado hecho por la Alianza pide un cambio urgente en la actividad desarrollado por la JEP, pues la práctica de separar las violencias basadas en género de otros patrones y políticas implementados por los actores armados no debe continuar en las decisiones de la sala.

“La JEP no puede continuar apartando estos crímenes del análisis complejo del conflicto armado porque es necesario generar una justicia restaurativa para las mujeres y las personas LGBTIQ+”, señaló la alianza.

Por otra parte, se resaltó el Auto SRVR 103 de 2022, en el que se declaró apertura a la agrupación y concentración del macrocaso 11, sobre violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio y discriminación de género, sexo, identidad y orientación sexual en el marco del conflicto armado.

Destacó que el macrocaso 11, “reconoce la violencia sexual como parte del repertorio de violencia usado por los actores armados dentro de los diversos patrones de macrocriminalidad”, similar a lo que sucede con el caso 07, que entiende un patrón de victimización en el reclutamiento de personas LGBTIQ+. Evidencias de los avances del enfoque de género en otros casos.

Finalmente, indicó que continuará trabajando para que todas las víctimas puedan acceder a la justicia, para que los casos de violencia contra mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ sean analizados y se escuche sus demandas; pidió celeridad en la emisión del auto, así como el acompañamiento por parte de los organismos internacionales en el proceso de la JEP en Colombia.