
Al término de un encuentro con el Partido Liberal y el Partido de la U, Francisco Barbosa, fiscal General de la Nación volvió a arremeter contra la reforma penitenciaria presentada por el Gobierno nacional al Congreso de la República.
Ante los medios de comunicación Barbosa indicó que el objetivo de su despacho es que el narcotráfico no se cuele en la letra pequeña del proyecto de “humanización y resocialización del sistema penitenciario”.
El proyecto de ley, de 54 artículos, contempla, entre otras, penas sustitutivas para quienes se acojan de manera anticipada a la justicia, que serán entre 10 y 12 años, divididas en dos partes: la primera, de cárcel efectiva entre 6 y 8 años sin ningún beneficio; y cuatro años de pena restaurativa.
Otro de los apartes de la ley indica que para el tratamiento penal aplicable a los integrantes de las estructuras armadas organizadas, “será diferenciado según la gravedad de las conductas y el grado de intervención de quienes han tomado parte en ellas”.
Esta semana Francisco Barbosa ya se reunió con tres partidos políticos. Su primer encuentro fue con el Conservador el lunes 6 de marzo y en la mañana del marte 7 de marzo, el encuentro fue con las bancadas del Partido Liberal y del Partido de La U.
Seguido a eso, aseguró que acompaña la iniciativa del Gobierno nacional, siempre y cuando se tengan en cuenta las observaciones que ya ha expresado en diversos escenarios.
Hay que señalar que el primer artículo de la reforma penitenciara indica que tiene “por objeto crear mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, mediante la aplicación de procedimientos de investigación y judicialización, contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, garantizar la no repetición, desmantelar las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto e impulsar la reintegración efectiva de sus integrantes mediante un enfoque restaurativo”.
Después de su encuentro con Francisco Barbosa, la presidenta del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, señaló que coinciden con el fiscal en que se deben eliminar artículos que plantean la suspensión de la ejecución de penas a conductas como la de pequeños cultivadores, la despenalización de los delitos de incesto, la injuria y calumnia, así como el de la inasistencia alimentaria.
Finalmente, sobre el proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia, que aún no se ha radicado en el Congreso, tanto Barbosa como Toro puntualizaron que las víctimas y los líderes sociales en el territorio deben estar en el centro del debate.
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