Inteligencia militar estaría planeando vigilar periodistas y ciudadanos en Colombia: denunció la Fundación para la Libertad de Prensa

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) ha revelado recientemente una preocupante información que da cuenta de que las Fuerzas Militares del país han hecho caso omiso a los múltiples señalamientos de la gravedad que implica utilizar tecnologías y software espías para vigilar la actividad de las personas en línea, pues estarían planeando adquirir nuevas y más sofisticadas herramientas para realizar esta labor.

Según reveló la Flip, tuvieron acceso a documentos filtrados en los que todos los organismos del Estado encargados de la Inteligencia en Colombia están interesados en sofisticar su capacidad para vigilar la actividad virtual de periodistas y ciudadanía en aras de proteger la “seguridad nacional”.

Los documentos fueron filtrados por el colectivo de hackers Guacamaya, con apoyo de Forbidden Stories, y según identificó la Flip confirman que en la actualidad “la fuerza pública está utilizando tecnologías y software espías de manera indiscriminada para recolectar información del espacio público virtual ... Además, vigilan detalladamente cada contenido que publican los medios sobre sus instituciones”.

Con los más recientes escándalos por el espionaje a periodistas y ciudadanía indiscriminado por parte de las autoridades, la entidad señaló que el uso de estas herramientas se institucionalizaron en 2019 a través de un Manual de técnicas militares para el monitoreo de fuentes abiertas que es utilizado por el Ejército. Y lo que se ha conocido es que, a pesar de sus constantes alertas sobre la violación a la libertad de expresión y privacidad que estos actos significan, desde las fuerzas militares se planea seguir con esta actividad.

Así se ha establecido en el Plan de Adquisiciones del 2023 en el que se plantea que el Comando General de las Fuerzas Militares está planeando adquirir, por un valor de $3.573′216.701, un sistema de ciberinteligencia basado en inteligencia artificial “que integre diversas fuentes de información de fuentes abiertas”, así como la información que se contiene en el internet. Además de esto, en la entidad se han tercerizado actividades de vigilancia en contratos que alcanzan los 35 millones de pesos.

Sobre esto último se ha establecido que desde el Estado se han celebrado contratos con la empresa MYMCOL S.A.S. por 35 millones de pesos para monitorear y analizar las publicaciones de medios de comunicación y redes sociales. Este es un trabajo que inició en 2019 en las cadenas básicas de RCN y Caracol, La W, La FM, El Tiempo, El Espectador, La República, La Patria (Manizales), El Universal (Cartagena), Revista Semana, La Silla Vacía, Canal Uno, CNN, The New York Times, Le Monde, entre otros. Según sus contenidos, las fuerzas públicas habrían calificado a los medios entre “positivo”, “negativo” o “neutro”.

La Flip no desconoce que la vigilancia del espacio público virtual puede tener fines legítimos para defender al Estado de las actividades delincuenciales en línea que están en auge por esta época, pero resaltan que se ha identificado que desde las fuerzas militares se han desviado estos recursos para realizar vigilancia a “personas que no constituyen una amenaza real, como las y los periodistas”. Ha sido el caso más reciente el de la periodista María Alejandra Villamizar y varios comunicadores de la revista Semana.

Añadieron desde la entidad que es claro que el Ejército no ha realizado estudios sobre cómo la utilización de estas tecnologías pueden afectar de manera negativa los derechos humanos de las personas que son vigiladas. “El Consejo de Estado ha demostrado que las labores de inteligencia vulneran las garantías de la prensa y, al mismo tiempo, ha buscado la no repetición de estos hechos, que también están asociados con la estigmatización”, detalló la Flip en su investigación.

Insistieron en que a pesar de esas labores por frenar el espionaje y perfilamiento de la prensa, el Estado no solo ha hecho caso omiso, sino que “es evidente que las autoridades siguen minimizando la dimensión e impactos sobre los derechos humanos de las personas que están bajo el monitoreo de fuentes abiertas”. Por ello desde la Flip solicitaron al Presidente de la República y al ministro de Defensa que se realicen actividades que garanticen que estas labores de inteligencia cumplan con los estándares de derechos humanos, sobre todo aquellas relacionadas con la información que circula en Internet, así como garantizar la no repetición de actividades perfilamientos y vigilancia indiscriminada de contenidos periodísticos bajo parámetros de guerra.