‌Desplazamiento masivo por paro armado del ELN en Chocó

El pacífico colombiano continúa bajo el asedio de los grupos armados del país, donde las autoridades han advertido la necesidad de una intervención por las múltiples estructuras que tienen presencia en esa zona. Una de ellas es el sur del Chocó, donde la Defensoría del Pueblo solicitó tomar medidas urgentes por confinamiento de miles de personas.

Carlos Camargo, director de la entidad veedora de los derechos humanos, señaló que la situación humanitaria que se presenta en Nóvita y Sipí es grave. En esa región, del sur del Chocó, se presentan enfrentamientos entre grupos armados ilegales al que se sumó un paro armado decretado por la guerrilla del ELN.

“Persiste una fase de escalamiento del conflicto en la zona, en donde nuestro Sistema de Alertas Tempranas (SAT) ha venido identificando y advirtiendo, en los últimos dos años, un incremento de vulneraciones a los derechos humanos por cuenta de la disputa entre los grupos armados ilegales por el control de los territorios para el desarrollo de actividades criminales”, aseguró el defensor del Pueblo.

Esta zona fue visitada y priorizada por el Gobierno nacional y el ELN para los pilotos de los alivios humanitarios que se adelantan como parte de la construcción de paz, pero los resultados no han sido palpables para las poblaciones y en cambio se ha agravado la situación

En la zona ya se presentaban enfrentamientos entre los grupos armados ilegales mantienen en la zona, situación que se agravó luego de que el 25 de febrero, el Frente de Guerra Omar Gómez del ELN declaró un paro armado en la subregión del San Juan, epicentro de recientes eventos de confinamiento y desplazamiento masivos.

“De acuerdo con la última información recogida por la Regional Chocó y el SAT, dicho paro armado, el quinto registrado en el último año, estaría afectando a un total de 405 familias, 1.357 personas pertenecientes a las comunidades de Torrá, Cajón, Santa Bárbara (ubicadas en el municipio de Nóvita) y las comunidades de Charco Largo, Barrancón y Charco Hondo (en el municipio de Sipí)”, advirtió la Defensoría.

Los habitantes han manifestado también temor por incremento de instalación de trampas explosivas, quedar en medio de los combates, el aumento de extorsiones a campesinos que transportan los alimentos e insumos como gasolina, que serían cometidas por miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo.

Esta última estructura se encuentra en medio de un cese al fuego acordado con el Gobierno nacional desde inicios del mes de enero. Sin embargo, al igual que las demás estructuras, de acuerdo con la Defensoría, mantienen acciones que afectan la vida de las poblaciones civiles, principalmente en Cauca y sus zonas fronterizas.

“Por lo anterior, desde la Defensoría del Pueblo solicitamos medidas urgentes y concretas de desescalamiento del conflicto, al tiempo que exhortamos al Estado a generar las condiciones necesarias que permitan proteger y atender a las comunidades, así como acciones enfocadas a la disuasión de los riesgos advertidos. Nosotros continuaremos acompañando a las comunidades para buscar la garantía de sus derechos”, puntualizó Camargo Assis.

Tan pronto el ELN declaró el paro armado, el Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN) advirtió la situación humanitaria que se presentaba en esa zona del Chocó. Señalaron que una estructura armada ingresó a la comunidad de Torrá, en Nóvita, al que se enfrentó otra estructura que hace presencia, lo que llevó a que 50 familias abandonaran el territorio y 10 se quedaran en resistencia.

ACADESAN señaló que el paro armado del ELN fue declarado indefinido principalmente en la carretera que conduce de Torrá a Nóvita, así como en el río Cajón y todos sus afluentes, lo que dificultad el transporte de los habitantes y el desarrollo normal de sus actividades.