El sábado 25 de febrero la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llegó hasta los municipios de San Juan del Cesar, La Guajira, y Los Haticos, Cesar, para notificar a los pueblos indígenas wiwa y kankuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta, la primera resolución de conclusiones del Subcaso Costa Caribe del Caso 03, conocido como el de falsos positivos.
En la resolución, la justicia de paz dio cuenta de 135 asesinatos y desapariciones forzadas, presentadas en el marco del conflicto armado, ejecutadas por militares del Batallón La Popa del Ejército Nacional, en esta zona del país, entre 2002 y 2005.
Durante la presentación del informe, el magistrado de la JEP, Óscar Parra, les dijo a las víctimas presentes que “este es un inicio para explorar escenarios restaurativos y proyectos de sanciones propias para los máximos responsables de los crímenes de guerra y lesa humanidad que ocurrieron aquí”, expresó.
Por su parte, Jesús Eduardo Oñate, una de las víctimas wiwa aseguró que:
Durante todo el proceso de investigación del caso, la JEP identificó que las víctimas de los militares del Batallón La Popa eran elegidas teniendo cuenta 10 patrones: 1. Indígenas. 2. Personas indocumentadas. 3. Con precariedad económica. 4. Habitantes de calle. 5. Miembros de la comunidad LGBTIQ+. 6. Menores de edad. 7. Señalados de pertenecer a un grupo miliciano o guerrillero. 8. Supuestos integrantes de la AUC. 9. Recicladores o vendedores ambulantes. 10. Desmovilizados de algún grupo al margen de la ley.
Sobre las comunidades indígenas, en su mayoría, de la Sierra Nevada los señalaban de ser informantes o trabajar con grupos al margen de la ley.
Por medio de los testimonios de los militares, de distintos rangos y funciones, que hicieron parte de los crímenes ocurridos en el Batallón La Popa, la JEP determinó que estos asesinatos hacían parte de un:
En julio de 2022 se realizó la audiencia de reconocimiento de 15 militares, exintegrantes del Batallón La Popa, por haber participado en el asesinato de personas en estado de indefensión quienes luego fueron presentadas como bajas en combate.
De los 15 militares llamados a comparecer, los comandantes del Batallón, coroneles retirados Publio Mejía y Juan Carlos Figueroa, así como el que fuera segundo comandante, el teniente coronel José Pastor Ruíz Mahecha, no aceptaron su responsabilidad, por lo que enfrentarán juicio en la JEP, y tampoco estuvieron presentes en la audiencia.
Durante la jornada, se realizó un ritual a cargo de las mujeres del pueblo wiwa para recordar a sus seres queridos, y luego intervinieron las autoridades indígenas, quienes se preguntaron:
¿Razones como la defensa del Estado y la democracia pueden justificar que personas señaladas de ser integrantes de grupos armados sean asesinados antes que conducidos ante los organismos encargados de administrar justicia? ¿Debe un Ejército establecer la presión por resultados como un tipo de incentivo para mejorar indicadores? ¿Tienen las empresas entre sus funciones usar la fuerza letal mediante el monopolio de las armas?
A esto se sumaron relatos como el del soldado profesional Soto Sepúlveda quien describió de manera explícita la forma en como asesinó a una de las víctimas.
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