La implementación de la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro sigue avanzando, eso sí, no tan rápido como se esperaba, pues, según aclaró el ministro de Defensa Iván Velásquez desde Tarazá (Antioquia), pese a que está en marcha el mecanismo de verificación al cese al fuego bilateral con las disidencias de las FARC —el Estado Mayor— y el Clan del Golfo, aún no se han establecido las mesas de conversación con estos grupos armados.
El ministro también advirtió que, pese al cese al fuego, las operaciones militares y policiales contra el narcotráfico, así como las encaminadas a proteger a las comunidades, seguirán, poniendo como ejemplo que si la Fuerza Pública encuentra un laboratorio para la producción de droga este será destruido:
El ministro Velásquez, también desde Tarazá, exhortó a la Fiscalí a reabrir de nuevo su sede en el municipio, que permanece cerrada después del secuestro y posterior liberación de tres funcionarios judiciales.
Ministerio de Defensa autorizó el reinicio de destrucción de maquinaria de la minería ilegal en Antioquia
Desde Tarazá, el ministro Velásquez anunció, durante un recorrido por la región junto a la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, el gobernador Aníbal Gaviria y los altos mandos militares, el reinicio de las operaciones de la fuerza pública para destruir la maquinaria de gran escala en la minería ilegal en la zona, luego de analizar la situación de seguridad y las graves afectaciones al medioambiente. Velásquez también aseguró que los organismos de inteligencia deben actuar para afectar las finanzas de las redes criminales.
El ministro Velásquez también advirtió que se reconsideró un compromiso al que se había llegado en el 2022 con los habitantes del municipio de Cáceres que se extendía al Bajo Cauca antioqueño y había frenado las operaciones del Ejército y la Policía que destruían maquinaria de la minería ilegal como las dragas, retroexcavadoras y volquetas, usada para la extracción de minerales de la región.
La ministra Muhamad aseguró que hay una afectación muy grave a las microcuencas que abastecen los acueductos en los municipios y en cuerpos de agua como las ciénagas, lo que ha llevado a que desde el Gobierno Nacional se tomen decisiones:
En cuanto al acuerdo firmado en el 2022 no implica el freno de las grandes operaciones contra la minería ilegal, algunas de ellas que se asocian al extranjero. “Aquí no se ha suspendido ni la Constitución ni la ley (...) y, como lo anuncia el ministro de Defensa, se reactivan las operaciones contra la gran minería ilegal, nunca fueron parte del acuerdo ni la gran minería ni la maquinaria amarilla”, finalizó la ministra.
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