La directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón, presentó ante el Congreso de la República el informe sobre la implementación de la política de víctimas (Ley 1448 de 2011). Entre las misiones de la ley está sumplirle integralmente a las personas afectadas por el conflicto armado y subsanar los retrasos en la atención y reparación, entre otras.
Entre los hallazgos que presentó la directora de la Unidad para las Víctimas se puede destacar el aumento en el número de víctimas durante 2022. Según sus palabras, en comparación con 2021, “en el año anterior se evidenció un aumento mayor al 70% de las peticiones de inclusión al RUV (Registro Único de Víctimas).
En cuanto el pago de indemnizaciones, la entidad resaltó que en toda la implementación de la Ley 1448 se han pagado 1,2 millones de indemnizaciones, 325.442 víctimas en el Gobierno de Iván Duque.
Sin embargo, aseguró que la cifra no es significativa, “porque solo representa cerca del 13% de víctimas que deben ser reparadas. De la meta de 510.296 víctimas reparadas administrativamente, prevista en el anterior Plan Nacional de Desarrollo, en agosto de 2022, los resultados estaban cerca de las 60.000 víctimas”.
El 3 noviembre de 2022 el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le recomendó al Gobierno nacional la necesidad de incrementar, dentro del Presupuesto General de la Nación 2023, la asignación económica para la indemnización de las víctimas del conflicto armado, con el objetivo de “priorizar la atención integral y reparación”.
De acuerdo con el funcionario, quedan pendientes de indemnización 8.813.711 de víctimas. “De persistir con esa tendencia de pagos, se tardarían 80 años para garantizar el derecho a la indemnización a todas las víctimas”, afirmó Camargo en ese entonces.
Por su parte, el 27 de abril de 2022, la Contraloría General de la Nación denunció irregularidades en la entrega de indemnizaciones para las víctimas del conflicto. El ente de control estaría evidenciando varios problemas en el registro, identificación y procesos de reparación, los cuales podrían tardar más de 60 años, si se quieren atender a todos los afectados del país.
Este organismo aseguró que la Unidad para las Víctimas había gestionado inadecuadamente 692 millones de pesos, que se giraron hacia operadores bancarios, los cuales estaban destinados a beneficiarios que ya estaban fallecidos, antes de la fecha de las transferencias.
En su intervención, ante el Congreso de la República, Patricia Tobón aseguró que recibió una entidad con dificultades en la ejecución.
En septiembre de 2022 Patricia Tobón asumió la dirección de la Unidad para las Víctimas, bajo se gestión aseguró, que “logramos duplicar el número de víctimas indemnizadas en cuatro meses. Pudimos cerrar el año con más de 119.000 personas reparadas, cumpliendo el 93% de la meta”.
Finalmente, Tobón Yagarí destacó que, en relación con la ayuda humanitaria, “el Gobierno nacional está fortaleciendo los apoyos a las alcaldías para que ninguna víctima se quede sin la atención oportuna que necesita”
Entre los procedimientos establecidos se ha advertido que muchas víctimas en los territorios quedan sin esta atención inicial. “Esto porque fueron insuficientes los 34.000 millones de pesos con los que se apoyaron a las alcaldías en la pasada administración, puntualizó.
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