
El presidente del Congreso, Roy Barreras, cuestionó públicamente la labor de la directora de la Unidad de Víctimas porque, según él, los representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) no habían tenido comunicación con la funcionaria, pese a representar a las poblaciones más aquejadas por el conflicto armado en el país.
A través de su cuenta de Twitter, el senador hizo promoción de su partido La Fuerza de la Paz al que atribuyó la creación de esos escaños. Fue el mismo Barreras el que insistió en el Congreso para que se crearan las curules destinadas a la representación de las víctimas, que se acordaron en el acuerdo con la extinta guerrilla de las Farc.
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“En reunión con Curules de Paz. La @LaFuerzaDLaPaz los acoge como hijos del proceso de paz. Ellos representan a 9 millones de víctimas en el Congreso y me cuentan que la @UnidadVictimas Directora @mptobon no les contesta ni una llamada. No son tecnócratas. Son REPRESENTANTES”, escribió Barreras.

El presidente del Senado señaló que estas 16 curules representan “genuinamente a las víctimas” y que fueron creadas “para que tengan voz y sean escuchadas”. Lo hizo públicamente, aunque ese mismo día la funcionaria había estado en la Comisión Accidental de Seguimiento a la Ley de Víctimas para presentar un informe sobre la implementación de la política.
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Ante el reclamo, la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí le contestó a través del mismo medio y señaló que reconocía la importancia de los representantes especiales para la política que dirige y el propósito de Paz Total del Gobierno nacional.
Tobón señaló que en noviembre de 2022 tuvieron un desayuno de trabajo para coordinar acciones en la construcción de la política pública de víctimas. Hay un enlace específico para acompañar y atender los temas de las Citrep, así como se han hecho reuniones entre los representantes y los directores territoriales de la Unidad.
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Además, según la directora de la Unidad de Víctimas, al día siguiente de que Barreras cuestionaran su gestión estaba programada una reunión (es decir el 16 de febrero) que se acordó desde los primeros días del mes para coordinar un plan de trabajo conjunto.
“Hemos respondido oportunamente a las inquietudes de las y los representantes sobre temas relacionados con la Unidad de Víctimas y hemos acompañado la gestión legislativa de las y los representantes en lo que se refiere a la política nacional de víctimas”, señaló Tobón.
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El alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, aprovechó el cruce de mensajes para expresar una queja sobre la entidad en su ciudad. Según él, no conoce al director regional y cuando intentó tener comunicación, la dijo que no tenía agenda por los siguientes dos meses. “Clave facilitar coordinación. Hasta hora nula”, sostuvo.

Unas horas antes, la directora de la Unidad de Víctimas expuso al Congreso los rezagos en la reparación a las personas afectadas por el conflicto armado, dejando de presente que solo será posible superarlo si todas las entidades del Gobierno, el Congreso, entes de control, movimientos y organizaciones sociales trabajan de la mano.
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“Encontré una entidad con muchos procedimientos y requisitos que en su rigidez se convierten en obstáculos para que las víctimas accedan a las medidas”, aseguró Tobón Yagarí respecto a las herramientas e instrumentos de la burocracia interna que dificultan una atención pertinente y oportuna.
La directora señaló que está revisando las resoluciones internas para hacer más efectiva la gestión que los órganos de control han calificado de regresiva. Pero además convocó a trabajar en una reforma a la ley 1448 para superar los rezagos en la reparación.
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Tobón aseguró que están preparando un proyecto inicial que será presentado y discutido con las organizaciones de víctimas, tanto para revisar los ajustes como explicar el contenido, en mesas técnicas con participación del Gobierno, expertos y el Congreso de la República.
Además, la directora de la Unidad sostuvo que con los recursos destinados en el Plan de Desarrollo se espera indemnizar a 600.000 víctimas, formular 642 planes de reparación colectiva e implementar 300, fortalecer la atención humanitaria para abarcar un 100% y superar la vulnerabilidad de 2 millones de personas.
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