Ley de sometimiento cambió de nombre y fue avalada por el presidente Gustavo Petro

En la tarde del miércoles 15 de febrero, el ministro del Interior, Alfonso Prada, anunció que el proyecto de ley de sometimiento a la justicia está más cerca de su radicación ante el Congreso de la República.

Al respecto, dio a conocer que la iniciativa, denominada por el Gobierno nacional como “ley de desmantelamiento a las organizaciones criminales” fue presentado ante el Consejo de Política Criminal antes de su exposición en el Legislativo para su discusión y aprobación.

Sobre el proyecto de reforma a la justicia —ley de humanización de las penas, de acuerdo con el gobierno—, el portavoz oficial declaró que fue radicada en Cámara y Senado con mensaje de urgencia.

Vale mencionar que el ministro de Justicia Néstor Osuna dio a conocer que durante el sábado 11 y domingo 12 de febrero iba a estar “enclaustrado” junto con otros funcionarios, como el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, a fin de ultimar detalles sobre esa iniciativa que hace parte de la política de Paz Total del gobierno.

Al respecto, la cartera de Justicia y el Derecho destacó que en la redacción del texto también están apoyando congresistas como Alirio Uribe Muñoz, Iván Cepeda y Ariel Ávila. Este último le había hecho un llamado a la administración Petro en días pasados para que agilizara los trámites de radicación del proyecto. De igual manera, había anticipado el 30 de enero que iba a tener una serie de reuniones para que “en dos o tres semanas” estuviera lista la ley.

Incluso, afirmó que para abril podría estar aprobada esa reglamentación para el sometimiento de diversas estructuras criminales, como parte del proyecto de pacificación del Gobierno nacional.

El funcionario también ha reiterado en diferentes ocasione que quienes entreguen información y bienes que permitan el desmantelamiento de las estructuras criminales a las cuales pertenecen, podrían quedarse con el 10% de estos mientras que el Estado, a través de la Sociedad de Activos Especiales —SAE—, con el 90% restante.

Adelantó que será incluida una rebaja de penas en el proyecto, pero que esas medidas no se conocerán hasta que no sea presentado ante el Congreso. Más allá de eso, dejó en claro que la ley de desmantelamiento a las organizaciones criminales será un mensaje para las estructuras delincuenciales: si deciden acogerse, tendrían beneficios y se desmantelará la banda criminal; si no, el Estado a través de la fuerza pública y la Rama Judicial los perseguirá.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro manifestó el 8 de febrero que “Con el narcotráfico no se puede negociar el poder, sino que es el poder judicial el que tiene que negociar con ese tipo de agrupaciones, porque se trata de un acogimiento a la justicia que puede (...) presentar caminos, salidas para que las cosas no tengan que llegar hasta el exterminio puro, sino que pueda haber un camino de salida pacífica si se quiere, si hay voluntad de hacerlo”.

De paso, advirtió: “grupo que cometa alguna hostilidad contra la población, cualquiera, debe ser perseguido porque dentro del cese al fuego está el cese de hostilidades a la población”. Lo mismo expresó contra los grupos que estén “traqueteando”, los cuales también tienen que ser buscados por las autoridades.

Sobre esto, cuestionó que “¿quién dijo que nosotros aceptamos el traqueteo? Eso no esa en la posibilidad de la paz”, y reiteró que la fuerza pública no puede detenerse en su ofensiva contra estas actividades. Bajo ese panorama, puntualizó en la necesidad de implementar la ley de sometimiento que está pendiente de aprobación por parte del Consejo de Política Criminal.