Solicitan al ICA esclarecer ingreso y manejo de perros incautados en el operativo contra peleas ilegales en La Calera

La reciente intervención de las autoridades en La Calera, Cundinamarca, permitió desmantelar una presunta red internacional dedicada a la organización de peleas de perros, y puso en el centro del debate público la necesidad de esclarecer el ingreso y manejo de los animales incautados.

La senadora animalista Andrea Padilla Villarraga envió un oficio formal al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) solicitando información detallada sobre los controles y protocolos aplicados a los perros decomisados, e igualmente sobre el posible involucramiento de funcionarios en el proceso de importación.

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Investigación sobre certificaciones y controles en el ingreso de perros

En la comunicación dirigida a la directora del ICA, Paula Andrea Cepeda Rodríguez, Padilla pidió esclarecer si los 12 animales decomisados contaban con Certificado de Inspección Sanitaria (CIS), el país de origen de cada uno, si fueron evaluados por personal del ICA en el punto de ingreso al país y la entrega de copia de los certificados correspondientes, especificando la raza de cada perro.

La senadora argumentó que, según reportes de prensa, los perros habrían ingresado a Colombia a través de vuelos internacionales con destino al Aeropuerto Internacional El Dorado, lo cual resulta relevante ya que desde 2016 está prohibida la importación de perros de manejo especial o de cruces de estas razas.

La solicitud de información también se extiende a la relación entre el veterinario capturado en el operativo y el ICA.

En el oficio, Padilla señaló que Carlos Alberto Cifuentes Hernández, uno de los detenidos, figura inscrito en el registro de médicos veterinarios de la entidad, y pide aclarar si actualmente mantiene algún vínculo contractual con el Instituto, las labores desarrolladas y si intervino en la importación de los animales incautados.

“Solicito respetuosamente se sirva indicar si el doctor Cifuentes Hernández se encuentra efectivamente inscrito y activo en el registro de la entidad”, dice el documento, que también requiere información sobre posibles actuaciones del profesional en el ingreso de los animales.

La red internacional y su modus operandi

El operativo, realizado el 18 de marzo de 2026, permitió la captura de 13 personas, entre ellas nueve extranjeros de Ecuador, Venezuela y República Dominicana, y la incautación de 12 perros.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la red criminal organizaba peleas con apuestas que oscilaban entre 1.000 y 2.000 dólares, empleando animales provenientes de Brasil, República Dominicana y países de Europa. La entrada a la convención ilegal rondaba los $300.000, mientras que los perros criollos eran usados como carnada y luego abandonados.

La senadora Padilla advirtió sobre la magnitud y coordinación internacional del grupo criminal. “En Colombia nunca habíamos tenido noticias de una operación criminal de esta magnitud, teniendo en cuenta que las peleas de perros están prohibidas en Colombia desde 1989”, afirmó en entrevista con Noticias RCN.

La parlamentaria, defensora histórica de los derechos de los animales, recalcó que el caso debe investigarse a fondo no solo por el ingreso irregular de los animales, también por la posible participación de funcionarios en los puntos de control.

Condiciones de los animales y consecuencias legales

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía y la Policía, los perros incautados se encontraban en condiciones precarias: seis presentaban lesiones graves y dos fueron hallados sin vida.

Según el reporte, los animales llevaban varios días sin alimento y eran mantenidos encadenados, lo que potenciaba el estrés y la agresividad. Los 11 perros rescatados permanecen bajo custodia del Instituto de Protección Animal y serán evaluados para determinar su viabilidad de rehabilitación y adopción.

El balance del operativo fue calificado como un “golpe histórico” por la senadora Padilla, que subrayó que la aplicación de la Ley Ángel permitió imputar a los detenidos por los delitos de muerte y lesiones graves a animales, agravados por la explotación económica.

Las penas previstas alcanzan hasta 93 meses de prisión, multas de 60 salarios mínimos legales vigentes y la inhabilidad para ejercer actividades relacionadas con animales.

Interrogantes sobre el papel del ICA

La actuación del ICA se encuentra bajo escrutinio. La senadora Padilla enfatizó la importancia de verificar si los controles de importación fueron efectivos y si hubo omisiones en el cumplimiento de la normatividad vigente.

“Impresiona la coordinación internacional, que personas se dieran cita en Colombia, viajando de otros países, y aquí hay que investigar qué pasó con el ICA”, declaró. La senadora pidió que la entidad suministre la información requerida en el menor tiempo posible, dada la gravedad y el alcance internacional del caso.