Más de 30 reclusos denunciaron malos tratos y problemas de salubridad en su sitio de reclusión

Desde el año pasado cuando se declaró el estado de cosas inconstitucional en los centros de detención transitorios por vulneración masiva de derechos de la población privada de la libertad, la Corte Constitucional no ha dejado de hacer pronunciamientos sobre la crisis carcelaria que, considera, se debe superar.

Es así como la Corte Constitucional ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y a la dirección de la cárcel La Picota que adelanten investigaciones sobre el presunto cobro para la asignación de celdas, luego de resolver una tutela de 36 privados de la libertad que alegaron; hacinamiento, problemas de salubridad, escasez de alimentación, problemas de acceso a agua potable, dificultades para el acceso a servicios de salud y malos tratos en las requisas, entre otros.

La decisión se tomó con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, en cumplimiento del Estado de Cosas Inconstitucional declarado por esta misma Corte, en las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015 y su extensión a los Centros de Detención Transitoria declarado en la Sentencia SU-122 de 2022.

En el fallo de tutela se menciona que aunque el espacio físico estaba dispuesto para 812 personas, en el lugar había 5.066. Es decir, una sobrepoblación del 465%, eso sin contar que denunciaban que las condiciones de infraestructura no eran las mejores.

“Parte de los pabellones están destruidos; no hay suficientes camas, la mayoría debe dormir en los pisos, baños y rotondas de los patios; solo aquellos que tienen recursos para pagar tienen acceso a una celda, pues estas son asignadas por las personas que manejan los patios, quienes realizan cobros ilegales a los privados de la libertad”, denunciaron los reclusos en su momento.

Frente a las denuncias generadas por hacinamiento y salubridad, la Corte Constitucional también pidió adoptar un plan para mejorar la higiene del penal y controlar la presencia de roedores e insectos.

“La principal afectación a las cantidades de las porciones de alimentos recibidas por las PPL se materializa en la problemática generada desde el momento que estas son liberadas por este operador en el servicio de alimentos hasta el punto de distribución o entrega final a los internos, pues es en este lapso donde las raciones están expuestas a saqueos por parte de terceros ajenos al servicio y en donde brilla por su ausencia la seguridad brindada por la guardia del establecimiento”, señaló la Corte por medio de comunicado.

También se mencionó que las condiciones, a juicio de los privados de la libertad, eran tan deplorables que ni siquiera les entregaban, por parte de los guardas del Inpec, los implementos de aseo que por ley deben recibir. Y, que tampoco tenían escobas, traperos o recogedores para hacer el aseo de los pabellones lo que culminaba en presencia de roedores e insectos que hacían sus condiciones de vida inhumanas.

En relación a las acusaciones de tratos crueles e inhumanos, se otorgaron 15 días al INPEC y a la Dirección de La Picota para que modifiquen el protocolo de seguridad para los procedimientos de inspecciones, y se advierta que las requisas intrusivas se encuentran constitucionalmente prohibidas.

En afinidad al proceso se determinó que en el trámite de derechos de petición, se ordenó Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y al centro de reclusión que capaciten a la guardia y a las PPL sobre los procedimientos para radicar peticiones.

Cabe mencionar que los magistrados Alejandro Linares Cantillo y Antonio José Lizarazo Ocampo salvaron parcialmente su voto.

Procesos investigativos en torno al centro penitenciario La Picota

La Fiscalía General abrió investigación por los cobros realizados a narcotraficantes para que estos pudieran ingresar a la ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro, por lo que fue llamado el hermano del jefe de Estado, Juan Fernando Petro.

En relación a esto el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez arremetió en contra de Juan Fernando y aseguró, el ‘pacto de La Picota’ sí existió y hoy nos gobierna”, en entrevista del exfuncionario con Revista Semana.

Según mencionó el excandidato presidencial el proceso de la Fiscalía General se relacionó a una denuncia que interpuso durante la campaña. “Inclusive, algunos de ellos, quienes gestionaron este pacto, condicionaban a algunas personas; por ejemplo, a alias Douglas, a quien también quieren nombrar gestor de paz (...) cuando hay que ver los delitos por los que son juzgados’' . Concluyó el político con el medio anteriormente citado.