Fiscalía pidió cárcel para los implicados en el caso Buen Comienzo

Al comienzo de la audiencia por el caso Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín, adelantada el 13 de febrero de 2023, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento para Alexandra Agudelo, secretaria de Educación de Medellín, Lina María Gil, exdirectora técnica de Buen Comienzo, y Henry Paulison Gómez, representante legal de la Corporación Colombia Avanza tras hallarlos culpables por las irregularidades presentadas en la contratación para la atención de la primera infancia.

Buen Comienzo es el programa de la Alcaldía de Medellín que brinda educación inicial y promueve el desarrollo integral, diverso, incluyente y autónomo de los niños, las niñas y sus familias durante sus primeros cinco años de vida, mediante diferentes modalidades de atención que responden a sus necesidades.

Dos de los cuatro delitos se habrían imputado por el contrato 4600085185, que serían: la celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en tentativa, precisamente por irregularidades en convenios que tenían como fin la atención de la modalidad familiar de Buen Comienzo.

Una de las irregularidades que halló la Fiscalía es sobre las condiciones en que se firmaron algunos contratos e indica que no debían ser por prestación de servicios, sino de selección abreviada o convenio de asociación que tuviesen varias ofertas.

También se encontraron irregularidades en la liquidación del contrato y la Fiscalía continúa investigando posibles sobrecostos en los paquetes alimentarios para comprobar si hubo alteraciones en los pagos.

El segundo contrato es el 4600085448 y tenía como objetivo la entrega de alimentos a la población estudiantil, que también es materia de investigación y por el cual se habrían hallado dos cargos: interés indebido en la celebración de contrato y peculado por apropiación.

En este contrato se investiga si los funcionarios habrían usado la urgencia manifiesta en pandemia para suspender la licitación original y adjudicar el contrato de forma directa con Colombia Avanza. El segundo hecho se habría presentado también por sobrecostos pero con un adicional agravante por pagos duplicados al contratar una misma función.

En resumen, Alexandra Agudelo habría alterado la contratación con Colombia Avanza para beneficiar a terceros, en este caso, con la complicidad de Gil y Gómez.

Agudelo tenía la potestad para aprobar el análisis de idoneidad de la corporación, la suscripción del contrato y además es quien ordena el gasto del mismo, sin embargo, todas estas facultades fueron usadas para otorgar los contratos de forma arbitraria, motivo por el cual entraron en investigación por parte de los organismos de control.

En las investigaciones que adelanta la Fiscalía se habría confirmado que una de las bodegas de Colombia Avanza habría sido utilizada para la ejecución de las actividades, aun cuando en la lista de requisitos se solicitaba que la empresa a la que se le adjudicara el contrato debía tener un espacio de almacenamiento propio.

Este no es el único hecho por el cual ha sido investigada, también se conoció que en 2020 habría permitido que la secretaría actuara como la plataforma política del exconcejal del Centro Democrático Albert Corredor y se podría confirmar que a la fecha sigue siendo de utilidad para intereses electorales.

Agudelo ha estado relacionada con la Corporación Universitaria de América (CUA), que es de la familia del exconsejal Corredor.

La Fiscalía pidió la suspensión de la funcionaria, que habría sido elegida por el hoy precandidato a la alcaldía, Corredor, con el fin de que esta, precisamente, actuara como una oficina de recursos para la campaña a la Alcaldía de Medellín.

La fiscal manifestó que a la corporación se le entregó un contrato que por condiciones técnicas y financieras no es coherente, ya que supera en 2.800% su capacidad. El organismo judicial pidió casa por cárcel para los funcionarios.