La decisión del presidente Gustavo Petro de asumir el control de la regulación de los servicios públicos del país generó toda clase de comentarios, tanto a favor como en contra. Por un lado se dijo que sería para reducir las tarifas de dichos servicios, las cuales están muy altas y es necesarios que bajen ante la coyuntura económica del país. Y por otro se manifestó que la institucionalidad para no poner en riesgo sostenibilidad en la prestación de los servicios y la competitividad del país..
No obstante, el Gobierno nacional ya tiene listo el decreto para que el mandatario colombiano asuma dicho control.
Además, precisó que “en consecuencia, las comisiones de regulación continuarán expidiendo los actos administrativos de carácter particular que ejercen a la fecha de la expedición del presente decreto” y que “para los efectos de lo señalado en el artículo anterior, el presidente podrá solicitar el apoyo técnico de las comisiones de regulación y demás entidades de cada sector”.
Marco regulatorio
Ahora, Fitch Ratings advirtió que la falta de un marco regulatorio independiente con un proceso de fijación de tarifas que no siga consideraciones técnicas para remunerar las inversiones de capital podría socavar la confianza de los inversionistas y comprometer la expansión necesaria del sistema, así como la calidad del servicio.
Para Fitch Ratings, esto reduciría las inversiones en los proyectos de distribución y transmisión requeridos y, además, podrían afectar la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico y aumentar las tarifas dado el riesgo de mayores pérdidas de energía y costos de restricción, especialmente en la región costera.
Para la calificadora, la independencia del regulador de Colombia de las intervenciones del Gobierno ha sido un factor clave que ha respaldado los sólidos perfiles crediticios de las empresas de servicios públicos calificadas.
Estructura regulatoria
La entidad también dejó claro que la sólida estructura regulatoria de Colombia es generalmente positiva para los perfiles crediticios de los emisores calificados, equilibrando el interés de los usuarios finales con los retornos de las empresas de servicios públicos, a pesar del retraso ocasional en el ciclo de revisión de tarifas.
De acuerdo con esta, el marco regulatorio respaldó flujos de efectivo estables y predecibles para los participantes del mercado, lo que mejoró el acceso al capital, lo que ha permitido aumentar la cobertura y mejorar la calidad del servicio.
“La mayoría de las empresas de servicios públicos colombianas tienen perfiles crediticios sólidos acordes con calificaciones de grado de inversión bajo y perspectivas de calificación estables y que un cambio estructural material en el entorno regulatorio de la electricidad debido a la interferencia política sigue siendo una preocupación para las empresas de generación, distribución y transmisión de electricidad, e indirectamente para las empresas de distribución de gas natural y agua”, enfatizó Fitch Ratings.
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