Radicaron proyecto de ley contra tortura y violaciones a los derechos humanos

El martes 7 de febrero fueron instaladas las sesiones extraordinarias en el Congreso de la República con el objetivo de que sean aprobadas diferentes proyectos como la prohibición del fracking en el país, las reformas pensional, laboral y de la salud, el Plan Nacional de Desarrollo y la adición presupuestal, entre otros.

Justamente, ante el Legislativo el Ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza del canciller Álvaro Leyva, radicó el proyecto de ley que permite la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Dicho mecanismo fue acordado en diciembre de 2002 por la Asamblea General de Naciones Unidas y tiene el objetivo de prevenir la tortura.

En ese sentido, Leyva Durán explicó durante el evento de radicación que ese protocolo es una política nacional y que no se pretende convertir en ley “porque sí”.

“En esta administración nos hemos trazado poner por encima de cualquier otra consideración, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, el derecho de los Derechos Humanos”, explicó el funcionario del Gobierno nacional. Incluso, señaló que este mecanismo ya es una política de Estado, pero que aun así debe ser sancionada como Ley de la República.

“Tomo este acto como algo absolutamente importante, porque en todo lo que tiene que ver con la paz nos interesa la verdad, las víctimas, la reparación y la no repetición. Este es un acto que convoca a la no repetición, no solamente en función de no repetir los delitos que se han cometido contra las víctimas, sino de no repetición de la vagabundería institucional de archivar estos proyectos”, explicó el canciller colombiano.

De paso, advirtió que con la aprobación de esta iniciativa se espera que dejen de archivarse procesos clave para la reparación colectiva y que se agilicen procesos actuales a fin de que no haya negligencia y largos periodos de espera, “como si los Derechos Humanos no fueran algo absolutamente central en la valoración de lo que significa la dignidad de la persona humana”.

Por otra parte, Leyva Durán le hizo un llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP— para que no tema imponer sanciones ejemplares a quienes comparecen ante ese tribunal. No importa la condición del victimario o el reconocimento nacional que tenga, lo importante, para el canciller, es que se juzgue “sin que le tiemble la mano y sin consideración de quien pueda ser imputado”.

En ese orden, reiteró su compromiso con la Paz Total planteada en primera instancia por el presidente Gustavo Petro. De hecho, dijo que esa proposición ante el Legislativo contribuye a esa política de Estado tomando como base a las víctimas, “a los atropellados, a los que no han sido reparados”.

Vale mencionar que este proyecto también contempla la posibilidad de trabajar articuladamente con Naciones Unidas, mitigar los problemas en las cárceles del país y crear medidas efectivas para la prevención de la tortura, y la plena protección de la población privada de la libertad y el respeto por sus derechos humanos.

Por lo tanto, el ministro manifestó en el evento que contó con la presencia del presidente del Senado, Roy Barreras, que “a esta sociedad se le debe demasiado” y se comprometió, desde su función de ministro de Relaciones Exteriores, a estar atento y alerta a cada tema que toque los Derechos Humanos en el país.

Dicha medida también podría complementarse con el proyecto de reforma a la justicia, el cual incluye más medidas restaurativas, la opción de que los presos puedan trabajar, y el ofrecimiento de beneficios a cambio de aportes efectivos a la sociedad.