Frente al anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, el 27 de enero de 2023, de retomar el control de los servicios públicos (delegado en las comisiones de regulación), se ha generado gran incertidumbre entre las empresas de servicios públicos.
Así lo expresó a la opinión pública la Alianza de Asociaciones y Gremios, Aliadas, que ante dicho anuncio hizo un llamado a la necesidad de respetar la pluralidad y especialización de las comisiones en las decisiones regulatorias para que se incluyan las recomendaciones de todos los actores involucrados.
“Las decisiones que se tomen en materia de regulación de los servicios públicos tienen que estar basadas en el conocimiento técnico, los riesgos que asumen los empresarios en sus planes de inversión y la confiabilidad energética del país hacia el futuro”, advirtió este 27 de enero María Claudia Lacouture, presidenta de Aliadas, gremio que agrupa a más de 7.000 empresas y genera alrededor de 5 millones de empleos en el país.
Acto seguido, el gremio invitó a que se consolide y adelante un diálogo entre los gremios de servicios públicos y el Gobierno nacional, para que las determinaciones sean el resultado de la diversidad e inclusión de conocimiento y experiencias, que mantengan la seguridad jurídica de las empresas y asegure la prestación de los servicios a los colombianos.
El anuncio presidencial
Desde Duitama (Boyacá) el jueves 26 de enero, el presidente de Colombia dijo que su Gobierno asumirá temporalmente la regulación de los servicios públicos, apelando a los usuarios e invocando el mandato constitucional.
“El presidente de la República, por orden constitucional, tiene la facultad de generar las políticas generales de administración, de control y de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, que son el agua, la luz (...) Este funcionario ha decidido no delegar sus funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos, al menos, por un tiempo. Entonces, voy a asumir el control directa y personalmente, en función de lo que la misma ley dice: primero, el interés general y el del usuario”, precisó el mandatario distrital hace poco más de 24 horas.
Igualmente, explicó que esta decisión está fundamentada en el artículo 370 de la Constitución, que le permite al presidente: “Señalar con sujeción a la ley las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los prestan”.
Por su parte, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, aseguró ante esta decisión presidencial, que “la regulación de los servicios públicos domiciliarios, a la luz de los preceptos superiores, es tan solo una forma de intervención estatal para corregir los errores de un mercado imperfecto”. Y acto seguido añadió que el objetivo de esta medida no es otro que el de “preservar la sana y transparente competencia, a fin de lograr una mejor prestación”.
Aliadas es una alianza de 40 asociaciones y gremios de diversos sectores de la economía, que representa más de 7.000 empresas, generadoras de 5 millones de empleos en el país. Los gremios y asociaciones que forman parte de Aliadas son:
AceColombia; Acemi, ACOAS, Acodrés; Acoltés; Afidro; Afic; Alianza IN; AmCham Colombia; Anda; Andeg; Andemos; Andigraf; Anre; Asobares; Asocajas; Asograsas, Asogravas; Asomedios; Asomicrofinanzas; Asopartes; Asotic; BASC; BPro; Cámara de la Diversidad; Cámara Colombiana de Comercio Electrónico; Cámara Colombiana del Libro, Cámara Colombiana de la Seguridad Privada; CCIT; Cladec; Confevip; Corporación Textilgrupo; Defencarga; Fecoljuegos; Fedetranscarga; Fenalcarbón; Fitac; GestarSalud; Ucep y por último, Unips.
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