Defensoría le pedirá a la Corte Constitucional realizar una audiencia pública por el desplazamiento forzado en Guaviare

La Defensoría del Pueblo recordó el domingo 22 de enero que el Estado colombiano tiene una deuda pendiente con las víctimas de desplazamiento forzado. Debido a que los distintos esfuerzos que se han realizado no han funcionado sustancialmente, el jefe del organismo de control, Carlos Camargo, le solicitará a la Corte Constitucional una audiencia pública en Guaviare.

“Es poco lo que se ha avanzado en la protección real de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, según lo establecido en la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI)”, señaló el funcionario en un comunicado entregado por la entidad. Han pasado 19 años desde que el alto tribunal emitió ese fallo y el desplazamiento forzado sigue siendo unas de las problemáticas más agudas en Colombia.

La Corte Constitucional identificó 1.150 núcleos familiares que sufrían este flagelo, por lo que la sentencia pretendía una intervención estatal para garantizarle sus derechos fundamentales. Ahora, con corte al 30 de junio de 2022, la Defensoría confirmó que al revisar el Registro Único de Víctimas (RUV) aproximadamente el 66% de la población es víctima de desplazamiento forzado, lo que representa 4′557.839 personas.

“A pesar de este panorama, hay que resaltar y respaldar la labor de la sala especial de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional”, destacó Camargo, pues para el organismo de control existe una falta de articulación entre las entidades estatales y una brecha presupuestal que generaron que se agudizara la problemática. También influyó el recrudecimiento del conflicto armado en algunas zonas del país por las disputas entre los grupos al margen de la ley.

Desde que se emitió el fallo, tanto la Defensoría como el alto tribunal han realizado acciones para la promoción y la protección de los derechos de esta población. “Su trabajo ―el de la Corte Constitucional— en búsqueda de la satisfacción de los derechos de la población desplazada es muy importante para llamar la atención y exigir a los Gobiernos y autoridades que tomen decisiones e inicien acciones para proteger a las víctimas”, agregó.

Por su parte, el órgano de control anunció que mantendrá e intensificará las acciones que ha adelantado. “El objetivo es que los desplazados puedan tener el completo goce de sus derechos, no solo porque han sufrido de desarraigo”, explicó Carlos Camargo, sino también porque algunos de los casos se tratan de “personas protegidas, como mujeres cabeza de familia, menores de edad, minorías étnicas y personas de la tercera edad”.

El funcionario también anunció que le solicitará a la Corte Constitucional una audiencia pública en Guaviare, una de las zonas más afectadas por este flagelo y en el marco del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) declarado en el fallo. Camargo indicó que en el encuentro le presentará los hallazgos encontrados por la Defensoría del Pueblo y las recomendaciones que han realizado al respecto.

Cabe destacar que la entidad publicó el 17 de enero el informe anual sobre las vulneraciones a las comunidades indígenas en Guaviare. En el documento se afirmó que existe una vulneración a los derechos humanos de estas poblaciones, junto con una “indiferencia institucional para tomar acciones concretas que pongan freno al abuso y la violencia sexual contra niños y adolescentes”.

De acuerdo con el informe de la Defensoría, la crisis humanitaria que atraviesan los pueblos jiw y nükak está directamente relacionada con problemas estructurales como la pobreza, la exclusión, el despojo territorial y el conflicto armado. Esas situaciones hacen que los menores de edad estén aún más expuestos a ser víctimas de reclutamiento forzado o de explotación sexual, como se denunció recientemente en San José del Guaviare.

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