Los Centros de Diagnóstico Automotor han salido a alertar sobre los riesgos que tiene el artículo 6 de la Ley 2283 del 2023, la cual regula estas entidades, los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), entre otros organismos dedicados a la prevención de la siniestralidad vial. En la normativa les obliga a adquirir un seguro, que cubra a todos los vehículos particulares que realicen la revisión técnico-mecánica y de gases; los cuales les causen daños a los terceros.
Las agremiaciones y empresas del sector aseguran que la disposición es inconstitucional, añadiendo que existiría un conflicto de intereses; además que no tienen los recursos para cumplir con la disposición, sumado a que podría presentarse una evasión o problemática similar a lo que se presenta con el SOAT.
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El punto de la discordia de la Ley 2283 del 2023 es en el artículo 6, que modifica el Código Nacional de Tránsito en la regulación de los Centros de Diagnóstico Automotor, y la expedición del certificado técnico mecánico y de gases. Esta normativa le adicionó un parágrafo donde les exige la obligatoriedad de la adquisición de la póliza, así lo detalla:}
Esta norma entró en vigencia desde el 5 de enero, quiere decir que todos los vehículos particulares que hayan realizado la revisión técnico-mecánica y de gases están cobijados por la póliza, que en teoría, todos los CDA deben ya tener adquiridos. Además, que todo daño que cometan los conductores podría ser cubiertos por el seguro, el cual es asumido por dichas entidades, y el cual no podrá cobrársele al usuario.
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CDA y agremiaciones se niegan a la disposición de la regulación
El sector ve con preocupación lo regulado en la Ley 2283 del 2023, por eso están pidiendo de carácter urgente una reunión con el Ministerio de Transporte con la buscan ponerle en conocimiento al Gobierno nacional que no pueden asumir esta póliza.
Las entidades ya están preparando la demanda para que se declare inconstitucional la regulación, además que pone en riesgo financiero el negocio de los CDA, y que en caso de mantenerse dejaría en la quiebra a dichas entidades.
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Desde la Asociación Nacional de Centros de Apoyo al Tránsito (ACEDAN), ASO - CDA y Fenalco, emitieron una circular donde aseguran que el sector ya se encuentra en riesgo, por lo que la aceptación de la ley es inadmisible, pues se acabaría con la inspección técnica vehicular, y afectando el trabajo de unas 20 mil familias:
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