Se anunció la firma de un memorando de entendimiento en la que Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el Distrito de Barranquilla, en cabeza del alcalde de la ciudad, Jaime Alberto Pumarejo Heins, analizan la posibilidad de adquirir el 51% de las acciones que tiene la compañía K-yena en la empresa Triple A.
En relación al caso, el alcalde Jaime Pumarejo indicó que de darse la compra de las acciones, se estaría conformando una empresa 100% pública para la operación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo no solo de Barranquilla, sino también en cuatro municipios del Atlántico en donde la empresa opera.
Sin embargo, el gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo, sostuvo que antes de que se realice cualquier oferta de compra, se espera primera que la compañía resuelva los líos jurídicos con el fin de atender de manera oportuna a los cerca de 600 mil suscriptores con los que cuenta.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, se refirió a la propuesta y aseguró que desde la administración han trabajado hace tiempo para que EPM adquiera el 51% de la Triple A. A su vez, el mandatario mencionó ‘Creemos que podemos aportar a la solución. Estamos en conversación con la SAE. Queremos que EPM invierta en Colombia. En ese orden de ideas, esto hace parte de la visión de una empresa 100% pública y que quiere aportarle a la Triple A’, en entrevista con w radio.
Es importante recordar, que en un plazo máximo de seis meses, La Contraloría General de la República entregará los resultados de la indagación preliminar anunciada por la compra de la empresa Triple A por parte del Distrito de Barranquilla, así lo dio a conocer el contralor Carlos Rodríguez.
Tras la indagación que adelanta la delegada Anticorrupción, se determinará si existe o no detrimento patrimonial, y se avanzará en la evaluación de los insumos del Gobierno Nacional y de quienes realizaron la compra y posteriormente, para emitir un concepto final.
Investigaciones adelantadas contra Triple A
El último caso registrado en relación a la empresa de servicios públicos que opera en la ciudad de Barranquilla, es la demanda por la venta de acciones, caso que fue confirmado por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANJDE), el 17 de enero.
Esta medida fue tomada por Canal Extensia, casa matriz del Canal de Isabel II, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
En la demanda se sostiene que se habría violado el acuerdo con España para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Lo anterior, por cuenta de diversas actuaciones estatales, incluyendo la venta de acciones de Inassa en la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A).
Entre las medidas cuestionadas por Canal Extensia, se incluyen la acción popular iniciada por la Procuraduría General de la Nación por presuntos pagos fraudulentos conforme a Contrato de Asistencia Técnica, así como el proceso de extinción de dominio contra las acciones de CEXA en la Triple A.
La Agencia de Defensa Jurídica del Estado expuso que con el conocimiento del caso llevará a cabo las medidas para defender los intereses litigiosos del Estado en este caso, ‘en coordinación con las medidas adoptadas por La Sociedad de Activos Especiales (SAE) y demás entidades públicas involucradas en el objeto de la controversia’.
Se espera que con la llegada de nuevas inversiones a la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla, se mejore la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.
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