Presentan en el Senado un proyecto para prorrogar por un año la Emergencia de la producción citrícola
Presentan en el Senado un proyecto para prorrogar por un año la Emergencia de la producción citrícola

En los últimos días ingresó en la Cámara de Senadores de la Nación un proyecto de ley para prorrogar la Emergencia Económica, Productiva, Financiera y Social de la actividad Citrícola por un período de doce meses. La medida alcanzará a la cadena que tiene un fuerte desarrollo en las provincias de Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Salta y Jujuy. La misma será analizada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda a la espera de un dictamen.

La iniciativa fue presentada por el senador Alfredo De Angeli (Juntos por el Cambio – Entre Ríos), y fue acompañada por otros miembros de la Cámara Alta, como Esteban Bullrich, Gladys González, Néstor Braillard Poccard, Stella Olalla y Silvia Elías de Pérez.

Según expresó en un comunicado De Angeli, “las condiciones que determinaron la declaración de la emergencia en el 2019, no se han revertido. El sector sigue enfrentando una baja en el consumo, disminución de las exportaciones, altos costos internos, falta de acceso al crédito y alta presión impositiva. La situación para la producción citrícola no cambió”.

“En este contexto, el Gobierno Nacional no ha tomado las medidas de fondo en lo que refiere a costos de la producción, logística, y tipo de cambio, por lo que productores de muchas economías regionales siguen en una situación de parálisis y las empresas desaparecen”, sostiene en sus fundamentos el pedido de extensión de la emergencia.

Alfredo De Angeli, Senador Nacional por Juntos por el Cambio por Entre Ríos
Alfredo De Angeli, Senador Nacional por Juntos por el Cambio por Entre Ríos

Un tema además que requiere especial atención es la situación del HLB (huanglongbing) que representa la mayor amenaza sanitaria para esta producción. El último informe oficial del Senasa señaló que hay más de 500 focos de la enfermedad, y que la misma se propaga rápidamente en toda la zona citrícola, donde en Entre Ríos se detectaron 78 casos positivos, en plantas y hospedadores.

El pedido de emergencia es avalado por las entidades vinculadas a la producción, como la Federación del Citrus de Entre Ríos. En la mencionada provincia del Litoral, la actividad citrícola cuenta con un fuerte aporte social en el distrito, ya que genera unos 20 mil empleos de manera directa e indirecta.

El objetivo de la declaración de emergencia es atender la problemática social, financiera, económica y productiva de toda la cadena citrícola en las provincias del litoral y también del norte argentino. De acuerdo a la norma propuesta, la misma reportaría una extensión de los beneficios con que cuentan aquellos empleos vinculados a la actividad del citrus, como son la producción, empacadores, comercialización, industria y también contratistas, y hasta viveristas.

Prórroga

La prórroga por doce meses, que propone el proyecto de ley presentado por el Senador Alfredo De Angeli, plantea una extensión en los regímenes especiales para el pago de obligaciones impositivas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y también con la seguridad social, en este caso con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), entre otros beneficios.

A mediados de junio del año pasado, el gobierno de Mauricio Macri declaró la situación de emergencia en el sector citrícola a través de la promulgación de la Ley 27.507, con beneficios económicos, impositivos y financieros para toda la cadena.

Atento a esta iniciativa, ya en octubre del año pasado, la AFIP reglamentó el régimen especial de prórroga para el pago de las obligaciones con vencimiento fijados entre los días 21 de junio de 2019 y 19 de junio de 2020, ambos inclusive, así como la suspensión de la emisión y gestión de intimaciones y de juicios de ejecución fiscal correspondiente a los mencionados sujetos.

Frente a esta situación, el gobierno nacional pidió instrumentar diferentes regímenes especiales, con el objetivo de dar mayor flexibilidad a la cancelación de las deudas impositivas y previsionales que reportaba el sector y que se encontraban vencidas al momento de entrar en vigencia la norma y que se hubieran devengado a partir del 1º de marzo de 2018.

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