Doce ONG de Venezuela advirtieron este lunes que enfrentan la “mayor amenaza” a su existencia debido al proyecto de ley de fiscalización de estas organizaciones que lleva adelante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) chavista, impulsado por el régimen de Nicolás Maduro.
El Foro por la Vida, la coalición que agrupa a esta docena de ONG, “rechaza de manera contundente” esta maqueta legislativa, al considerar que representa “la mayor amenaza registrada en el país” contra su existencia y contra “el accionar libre e independiente” de defensores de derechos humanos y actores humanitarios.
“El proyecto de ley criminaliza la solidaridad al desproteger aún más a los sectores populares venezolanos, que son los principales beneficiarios de la cooperación internacional y de la labor de las ONG”, dice un comunicado firmado por los integrantes del foro.
La agrupación cree que la iniciativa parlamentaria “no es un hecho aislado sino que constituye una política de Estado que, de manera sistemática, está dirigida a restringir, inhibir, criminalizar y perseguir el accionar libre e independiente” de la sociedad civil y actores humanitarios.
“Antes que restricciones, el espacio cívico está urgido de respeto, promoción y protección por parte de las autoridades públicas”, remarca el escrito.
De aprobarse esta ley, adelanta la coalición, las ONG ya constituidas serán sometidas a “un nuevo y adicional control autorizatorio previo por parte del Ejecutivo”, en el que deberán presentar requisitos “exageradamente intrusivos”.
El proyecto inicial de ley contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la instancia de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones recibidas.
La propuesta prohíbe expresamente a las ONG “realizar actividades políticas” y “promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones” del Estado.
Por su parte, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, formada por tres juristas, expresó este lunes su preocupación por el proyecto de ley. Según indicaron, puede suponer “un cierre del espacio cívico y democrático”.
“La regulación impondría a las ONG, tanto existentes como en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan onerosos que le otorgaría al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas”, advirtió en un comunicado uno de los expertos de la misión, el chileno Francisco Cox.
La iniciativa legal, indicó la misión de la ONU, se ultima en un momento en el que las ONG de promoción de derechos humanos que trabajan en Venezuela (algunas en cooperación con este grupo de expertos) enfrentan progresivamente más limitaciones a su funcionamiento, incluido en el aspecto clave de su financiación.
“Sin acceso a los fondos de cooperación internacional, muchas de estas organizaciones inevitablemente van a desaparecer”, advirtió la misión, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos en 2019.
Según la misión, uno de los aspectos del proyecto más preocupantes es la atribución que confiere a la dictadura de Maduro, especialmente su nueva facultad de poner en marcha mecanismos de control que le permitan supervisar y sancionar aspectos de las ONG que bajo su punto de vista “amenacen la seguridad nacional”.
“Esto expone a las organizaciones a una vigilancia permanente incluso a través de un posible control policial o de inteligencia”, indicaron los expertos de la misión.
El proyecto de ley, concluyen, se enmarca en un patrón más amplio de restricciones al espacio cívico “a través de amenazas, ataques y detenciones arbitrarias contra personas defensoras de los derechos humanos, sindicalistas y periodistas”.
“Refleja una vieja estrategia que ha sido aplicada en otros países y es otro ataque a la sociedad civil defensora de los derechos humanos para silenciarla o eliminarla”, destacó la argentina Patricia Tappatá, experta de la misión.
Cox y Tappatá forman junto a la portuguesa Marta Valiñas, presidenta, la misión tripartita, que tiene por cometido investigar abusos a las libertades fundamentales en Venezuela y ya ha emitido varios informes críticos con el Gobierno de Nicolás Maduro.
(Con información de EFE)
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