El régimen de Venezuela acusó este martes al exministro de Petróleo Rafael Ramírez de haberse robado 4.850 millones de dólares a través de una línea de crédito fraudulenta con la que la estatal Pdvsa hizo 28 pagos a dos fondos en el exterior sin haber recibido nunca préstamo alguno.
El ministro de Petróleo, Tareck el Aissami, explicó que Ramírez firmó un contrato de financiamiento con la “Administradora Atlantic” en el primer trimestre de 2012, cuando lideraba la cartera energética y presidía Petróleos de Venezuela (Pdvsa), bajo el Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013).
En una junta extraordinaria de accionistas celebrada en marzo de 2012, detalló El Aissami frente a periodistas, el ex ministro aprobó el préstamo por 17.490 millones de bolívares (cerca de 4.100 millones de dólares) y Pdvsa comenzó a pagar ese mismo mes las cuotas con desembolsos a dos fondos en Panamá y San Vicente y las Granadinas.
“No existe registro alguno de entrada de ese dinero a las cuentas de Pdvsa”, remarcó el funcionario que, en cambio, acusó a los venezolanos Luis e Ignacio Oberto Anselmi de haber recibido los pagos en los fondos extranjeros.
Posteriormente, prosiguió, transfirieron parte de ese capital a un familiar del opositor Leopoldo López, radicado en Madrid luego de huir de Venezuela.
El Aissami hizo estas declaraciones en la sede del Ministerio Público, en Caracas, luego de sostener una reunión privada con el fiscal general, Tarek Saab, a quien entregó, dijo, pruebas y “copias certificadas” de esta trama.
Por lo anterior, el ministro pidió a la Fiscalía una investigación exhaustiva y que tramite una orden de captura internacional contra Ramírez, “principal autor intelectual y material de esta operación, de este mega robo a la industria petrolera venezolana”.
Tras dejar el cargo en 2013, Ramírez pasó a ser embajador de Venezuela ante la ONU bajo el régimen de Nicolás Maduro, pero fue sustituido y posteriormente le dio la espalda al mandatario.
En julio de 2020, el Supremo venezolano solicitó a Italia su extradición para someterlo a un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de “peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación (para delinquir)”.
En enero de este año, Italia rechazó la solicitud del régimen.
La dictadura chavista había pedido a Interpol que localizara y arrestara a Ramírez en 2018 y posteriormente exigieron su extradición desde Italia en 2020 en relación con cargos de malversación de fondos. Ramírez, quien niega las acusaciones de corrupción, dice que Nicolás Maduro busca difamarlo por las críticas a la gestión del mandatario.
“La Corte Suprema de Italia ha declarado definitivamente inadmisible la solicitud de extradición”, dijo a la agencia Reuters el abogado italiano de Ramírez, Roberto De Vita. De Vita añadió que el tribunal había respaldado un fallo anterior que indicó que Ramírez no podía ser devuelto a Venezuela debido a los antecedentes de violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Ramírez se desempeñó durante una década como ministro de Petróleo y presidente de la petrolera estatal PDVSA, que controla algunas de las mayores reservas de crudo del mundo.
La Corte Suprema de Venezuela anunció en 2020 que Ramírez enfrentaba cargos penales que incluían malversación de fondos y manipulación de licitaciones para contratos petroleros.
El ex hombre fuerte de Chávez fue destituido de su cargo como enviado de Venezuela ante la ONU en 2017 luego de criticar públicamente a Maduro y el estado de la industria petrolera de la nación de la OPEP. Ramírez había sido un confidente cercano y sigue siendo un admirador del difunto ex presidente Hugo Chávez, predecesor y mentor de Maduro.
En diciembre pasado, en una de sus últimas declaraciones públicas, Ramírez sostuvo que el dictador debe ser revocado por los venezolanos.
(Con información de EFE y Reuters)
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