El sindicalista de la empresa estatal Ferrominera del Orinoco Rodney Álvarez, detenido desde hace diez años, acusado de asesinar a otro trabajador durante una asamblea, fue liberado la madrugada de este viernes, según confirmó a la agencia EFE la profesora universitaria y directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, Jackeline Ritcher.
Se trata del sindicalista para el que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó el lunes pasado libertad plena a través de una carta publicada en su cuenta en Twitter.
“Consignada hoy ante el tribunal de la causa: solicitud de libertad en favor de Rodney Álvarez por parte del Ministerio Público”, indicó el fiscal en la misiva en la que detalló que la audiencia preliminar de Álvarez se celebró el 25 de abril de 2013, donde se decidió el pase a juicio, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado.
No obstante, Álvarez fue excarcelado bajo régimen de presentación y no con libertad plena, según informó Ritcher a EFE.
Relató que Álvarez fue informado de su liberación cerca de la medianoche de este jueves y llamó a sus abogados para que acudieran a buscarlo al Internado Judicial El Rodeo II, ubicado a las afueras de Caracas, donde cumplía con la condena de 15 años que le fue dictada en la última audiencia del juicio en su contra, el 8 de junio de 2021.
“Lo tenían sentado a la entrada del penal. Ya lo habían lanzado a la calle en una zona terriblemente peligrosa, es decir, el Estado lo tuvo 11 años preso y después lo lanza (...) en la madrugada, en Venezuela, en una zona sumamente peligrosa”, indicó Ritcher.
Explicó que la boleta de excarcelación del sindicalista había sido emitida hace tres días, pero no contaba con la ratificación del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, lo que la dirigente sindical calificó como una irregularidad.
Igualmente denunció que durante su tiempo en prisión, Álvarez sufrió varias agresiones de otros compañeros de prisión y de sus custodios.
“Está con la tensión (presión arterial) alta, porque hace dos semanas en el calabozo en el que estaba en los tribunales, por una razón que nadie sabe, le lanzaron una bomba lacrimógena dentro del calabozo”, relató Ritcher.
El caso de Álvarez se volvió una bandera para los sindicalistas, al asegurar que su compañero no cometió el delito de asesinato que le imputan y que las personas que asistieron a una asamblea de trabajadores son testigos de ello.
En julio pasado, la denominada Coalición Sindical de Venezuela explicó a EFE que Álvarez llevaba diez años preso en un proceso que fue “dilatorio”, porque recientemente fue condenado a 15 años de cárcel y las autoridades se negaban a contabilizar todo el tiempo que lleva en prisión como parte de la pena.
(Con información de EFE)
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