La oposición rechazó las acusaciones del chavismo contra Emilio Graterón que lo obligaron a refugiarse en la embajada de Chile

La oposición venezolana rechazó este martes las acusaciones del chavismo contra el político Emilio Graterón, acogido en la Embajada de Chile en Caracas tras ser señalado de estar vinculado con los tiroteos que en julio pasado paralizaron parcialmente la vida de la capital durante casi 72 horas.

“El régimen decidió incriminar a Emilio Graterón, hermano de lucha y coordinador político de nuestra organización, inventando que tiene nexos con las bandas criminales de la Cota 905, cuando es bien sabido que esos vínculos están en Miraflores”, dijo la exdiputada Adriana Pichardo en Twitter, mensaje replicado en un comunicado de los antichavistas.

Graterón, junto a los también opositores Gilber Caro, Hasler Iglesias, Luis Somaza, Freddy Guevara, y Leopoldo López, fue acusado por el presidente del Parlamento que responde a los intereses del régimen, el chavista Jorge Rodríguez, de estar vinculado con los tiroteos en el oeste de Caracas.

Rodríguez mostró unas supuestas conversaciones por WhatsApp entre estos opositores contra los que esperaba se emitieran órdenes de captura.

Guevara está preso desde hace tres semanas y acusado por la Fiscalía de estar “vinculado con grupos extremistas y paramilitares asociados al Gobierno colombiano”.

Tras esas acusaciones, el Gobierno de Chile informó el pasado 16 de julio que acogió a Graterón en calidad de huésped en la residencia de la Embajada de Chile en Venezuela para darle “protección”, a pedido del líder Juan Guaidó.

“Agradecemos al Gobierno de Chile su acogida, en calidad de huésped, al dirigente y exalcalde Emilio Graterón, una medida que solicitamos en defensa de sus derechos humanos, por la persecución del régimen en su contra y contra toda la alternativa democrática”, replicó Guaidó.

Al respecto, Pichardo subrayó que Graterón “continúa firme y decidido, trabajando por la libertad de Venezuela para construir el país con el que todos soñamos, uno de oportunidades, de bienestar y progreso”.

Por su parte el régimen de Venezuela rechazó la decisión del gobierno de Chile, por considerar que contribuye a “blanquear la violencia sufrida por la población caraqueña en las últimas semanas, brindando acogida en su sede en Caracas a uno de sus principales promotores, solicitado desde hace días por la justicia venezolana”.

Caracas acusa al gobierno chileno de ser “cómplice” de acciones violentas que dejaron un saldo de unos 22 delincuentes abatidos, cuatro agentes del Estado caídos y un número no precisado de civiles muertos, en su mayoría por “balas perdidas”, según las autoridades venezolanas.

Graterón y otro grupo de opositores son vinculados por la dictadura chavista con una operación en la que aseguran participaron “paramilitares colombianos” para concretar un magnicidio, una acusación recurrente desde el chavismo.

Lo ocurrido con Graterón recuerda el caso del ex diputado Freddy Guevera, un cercano colaborador de Guaidó, acusado en el pasado de incentivar la violencia en protestas que buscaban la salida de Maduro y dejaron unos 125 muertos entre abril y julio de 2017.

(Con información de EFE)

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