El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela denunció que el incendio en su sede del estado Sucre fue intencional: “Es un atentado más a la libertad de expresión”

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela informó este domingo que recibió un informe del Cuerpo de Bomberos que concluye que el incendio que sufrió su sede en el estado Sucre el pasado lunes fue provocado.

“Ya recibimos el informe técnico del cuerpo de bomberos del estado Sucre sobre el incendio a nuestra sede. Fue provocado. Intencional. Ante esto, exigimos justicia, castigo a los culpables, porque es un atentado más a la libertad de expresión”, escribió el CNP en su cuenta de Twitter.

El colegio, que publicó unas fotos en las que puede verse los daños provocados, aseguró que el incendio, que se produjo el pasado lunes, busca “callar la lucha que lleva adelante el gremio en defensa de las libertades y de la democracia”, que se ve “vulnerada cuando se violan los derechos humanos que garantiza la Constitución”.

El único propósito, a su juicio, es el “de controlar todo lo que se informa en el país para que le sea favorable a sus intereses”.

“Desde el CNP, exigimos castigo para los responsables, y por supuesto que el Estado cumpla con su rol de proteger y garantizar la seguridad de todos”, reclamaron.

Además, subrayaron que por la situación de crisis que atraviesa Venezuela “no será fácil recuperar” las instalaciones”, aunque hicieron hincapié en que no les “amedrentarán”.

“Seguiremos firmes luchando por Venezuela, la libertad de expresión, los derechos humanos, la democracia y nuestros agremiados”, añadieron antes de exhortar al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) a “adelantar las investigaciones”.

Finalmente, el CPN sostuvo que esas pesquisas ya comenzaron y esperan que conduzcan a la detención de “quienes sean responsables de tan terrible hecho”.

El pasado lunes, el gremio informó del incendio que “destruyó las instalaciones” de la sede y, aunque pidieron esperar al informe técnico, alertaron de que han “tenido varios actos vandálicos” en esa instalación.

El viernes pasado la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó “la violencia sistemática del régimen de Nicolás Maduro a las libertades de expresión y de prensa” y los ataques a periodistas y medios, además de defender al diario El Nacional de una sentencia judicial que considera un “atropello”.

Venezuela es, junto a Cuba, Bolivia, Nicaragua y Brasil, uno de los países a los que la SIP ha dedicado una resolución individual al término de su reunión semestral para analizar el estado de la libertad de prensa en el continente americano.

La organización formada por medios de comunicación de todo el continente y basada en Miami resolvió “exigir el cese de la persecución y ataques contra periodistas y medios, así como la criminalización de la actividad periodística independiente” en Venezuela.

En la resolución, la SIP se refiere a la reciente resolución del Tribuna Supremo de Justicia de Venezuela contra El Nacional que condena a ese medio a pagar el equivalente a 13,2 millones de dólares al “número dos” del chavismo, Diosdado Cabello, por una demanda por difamación.

“Es un grave atropello contra la libertad de prensa y una expoliación usando la fuerza política-judicial para usurpar a un medio de comunicación y de esa manera cercenar el derecho de acceso a la información del pueblo venezolano”, subraya.

En Venezuela, dice la SIP, “no existe independencia institucional, el Poder Judicial está sometido al poder político, y el régimen continúa con su campaña sistemática para acabar con la prensa independiente”.

Al afirmar que en los últimos seis meses “el régimen de Nicolás Maduro intensificó la violencia y el acoso judicial contra periodistas y el periodismo independiente”, subraya que el régimen venezolano cerró ocho emisoras y los medios escritos que debieron migrar al espacio digital sufren bloqueos discrecionales y puntuales a través de las empresas que ofrecen el servicio de internet.

Además, agrega, a muchos periodistas se les han iniciado investigaciones penales de parte de autoridades del Gobierno con la finalidad de “silenciarlos e intimidarlos”.

Con información de EFE

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