Un grupo bipartidario de senadores estadounidenses presentó este lunes un proyecto de ley para prohibir que agencias del gobierno federal hagan negocios con individuos o entidades vinculados al régimen venezolano de Nicolás Maduro.
La ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo Venezolano, cuyo acrónimo es Bolivar, fue introducida por los legisladores Marco Rubio (Florida), Rick Scott (Florida), Jacky Rosen (Nevada) y Thom Tillis (Carolina del Norte). El congresista republicano de Florida, Michael Waltz, presentó en paralelo el mismo proyecto en la Cámara de Representantes.
“En medio de la crisis provocada por el narco-dictador Nicolás Maduro y sus secuaces, debemos asegurarnos que las agencias federales de Estados Unidos no le otorguen contratos gubernamentales a ninguna empresa vinculada al régimen de Maduro”, dijo al respecto Rubio.
Y agregó: “Me enorgullece unirme al senador Scott y a mis colegas para presentar esta legislación bicameral, la cual garantizará que los dólares de los contribuyentes no le proporcionen un salvavidas financiero a una dictadura criminal y asesina en nuestra región”.
La ley tiene tres aspectos principales:
- Prohíbe que las agencias federales de los Estados Unidos concedan contratos a empresas que hacen negocios con el régimen de Maduro. No obstante, esta prohibición “solo se aplicaría a los contratos realizados durante o después de la promulgación del proyecto de ley y no afectaría ningún negocio con el gobierno legítimo de la Asamblea Nacional encabezada por Juan Guaidó ni con sus sucesores electos”.
- “Proporciona las excepciones necesarias para prestar ayuda humanitaria y asistencia en casos de desastres, y para que la Oficina de Control de Activos Extranjeros pueda emitir una licencia válida para hacer negocios en Venezuela”.
- “Permite al Secretario de Estado concluir la restricción cuando sea de interés nacional para los Estados Unidos”.
El texto de la ley, en inglés:
Tanto el Poder Ejecutivo de Joe Biden como legisladores de ambos partidos en el Congreso han introducido numerosas medidas a lo largo de los años para presionar al régimen de Maduro y lograr una transición democrática en Venezuela.
La administración actual ha continuado con la campaña de presión hacia la dictadura, calificando a Maduro como dictador en reiteradas ocasiones y llamando a su salida del poder.
“Sabemos que en la raíz de gran parte de la miseria y el sufrimiento del pueblo de Venezuela, se encuentra un individuo y hemos sido muy claros en que Nicolás Maduro es un dictador; sus acciones no han sido en el mejor interés del pueblo de Venezuela. No solo Estados Unidos ha estado diciendo esto: ha sido Estados Unidos y muchos de nuestros socios más cercanos, tanto en la región como en otros lugares”, dijo la semana pasada el portavoz del departamento de Estado, Ned Price.
Además de las sanciones impuestas a los cabecillas del régimen y las empresas vínculadas, Estados Unidos concedió a principios de marzo el Estatus de Protección Temporal a los venezolanos (TPS, por sus siglas en inglés) lo que les permitirá residir y trabajar legalmente en el país norteamericano.
La medida alcanza a unos 320.000 nacionales y tendrá una vigencia de 18 meses, aunque podría prorrogarse. Se benefician aquellos venezolanos que ya se encontraban en Estados Unidos el día de su anuncio.
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