
En solo unos días que lleva el año 2021, la crisis empujó a 300 indígenas waraos a emigrar hacia Brasil, como respuesta a la precaria situación que viven los indígenas venezolanos, según le dijo a la ONG Kapé Kapé la casica warao de uno de los abrigos de Pacaraima en Brasil, Toedolinda Moraleda. La extinción de las etnias venezolanas es aterradora, ante lo cual no hay respuesta del Estado venezolano ni siquiera por parte de la Ministra de Pueblos Indígenas, Yamilet Mirabal o de Aloha Núñez, Vicepresidenta de Pueblos Indígenas del PSUV y Coordinadora General del Movimiento Indígena Unido de Venezuela.
El 3 de enero ocurrió la muerte del indígena Salvador Franco, estando preso bajo custodia del estado venezolano, quien fue detenido hace más de un año por el caso de la Operación Aurora; el indígena se enfermó, sin recibir asistencia médico asistencial, lo que aunado a que en la cárcel no les daban alimentos y su familia estaba a muchos kilómetros de Caracas, fue presentando un cuadro de desnutrición. De nada sirvieron los llamados de auxilio, Franco murió en la cárcel.
Kapé Kapé dice que “el aumento diario de los productos, la escasez de gas de doméstico y la falta de atención gubernamental, han sido algunos de los factores que han llevado a decenas de personas de las comunidades de San Francisco de Guayo, Santa Rosa de Araguao, Araguaimujo, Jubasujuru, Cangrejito, Aunaburu, Siawani y Muaina del municipio Antonio Díaz, del estado Delta Amacuro, a emigrar a principios de este nuevo año”.
Como ha ocurrido con muchos venezolanos que buscan alternativa para no morir de hambre y desidia, “una vez recibido este nuevo año y con la esperanza de una mejor atención gubernamental, las familias decidieron dejar su país para encontrarse con sus familiares que ya han emigrado a Brasil”.

La vocera del abrigo Janokoida, municipio Pacaraima del estado Roraima, Toedolinda Moraleda, explicó que al territorio brasileño “casi todos los días están llegando hermanos waraos, llegan caminando y con hambre y rápidamente las autoridades los atienden”.
Una de las informaciones que recibió la ONG es que “75 personas entre mujeres, hombres y niños llegaron el pasado viernes 8 de enero a la frontera que aún se encuentra cerrada, sin embargo, fueron atendidos por los militares y representantes de ACNUR con el debido protocolo de seguridad, para prevenir el virus COVID-19, y luego ser ubicados en los refugios distribuidos en Boa Vista, Pintolandia, Jardin Floreste o Janokoida”.
Asegura que “la mayoría de las personas han llegado caminando, deshidratadas, y con hambre, por lo que rápidamente son atendidas, y reciben apoyo para la tramitación de sus documentos en calidad de refugiados”.
Recuerda Kapé Kapé que la agencia de noticias AFP recibió información de la Defensoría Pública de Brasil que da cuenta de “la llegada de un grupo de migrantes del estado Monagas, conformado por 23 adultos y 32 niños, entre los que se cuenta una mujer embarazada y 19 personas indocumentadas”. Ese grupo de personas fue trasladada a la Policía Federal de la región.
“Un juez brasileño impidió la deportación de este grupo de 55 indígenas de la etnia warao que habían entrado a Brasil por Pacaraima (estado de Roraima) luego de tres semanas de caminata”, dice Kapé Kapé.

Los niños
Uno de los factores que inciden en lo que ocurre con los indígenas venezolanos es la situación de los niños. Así lo determina una nota de Kapé Kapé que da cuenta cómo “con sus hijos en el regazo, las madres waraos frecuentan las panaderías y otros centros de ventas en búsqueda de ayuda, mientras los niños waraos andan en grupos correteando las adyacencias de las ventas de alimentos”.
Destaca que “las fundaciones de carácter humanitario reportaron el incremento de las personas que requieren ayuda diaria de las ollas solidarias. En las últimas semanas de 2020, tres de las organizaciones perfilaron su acción en ofrecer platos de sopas a los niños en situación de indigencia”.
Dice la ONG que “el paseo Manamo se ha convertido en el lugar recurrente para grupos cada vez mayores de niños indígenas que recorren las calles de Tucupita en busca de comida o dinero”.
A su vez “la orilla del caño Manamo, en la margen de la ciudad de Tucupita, es punto obligado de llegada de pequeñas embarcaciones donde a diario bajan decenas de familias waraos a pernoctar en el lugar”.

Explica que en el último trimestre del 2020 “las autoridades del estado Delta Amacuro evacuaron al menos a 80 familias provenientes de 10 comunidades indígenas del municipio Pedernales hasta sus comunidades de origen. Barrancas del Orinoco y Tucupita son puntos de referencia para los grupos indígenas que buscan alimentos y medicinas”.
Finalmente describen la dantesca situación de la población flotante que crece sin escolaridad y sin muchos derechos. “La organización religiosa en pro de los derechos indígenas Dani Consolata lleva cada 15 días ollas de comida hasta el relleno sanitario municipal, lugar donde pernoctan más de 60 niños con sus familias en calidad de recolectores de desechos reciclables para la venta”.

Un informe del Consejo Internacional de Organizaciones con Servicio en SIDA (ICASO) y Global Development One (GDO), sobre la situación de malaria en Venezuela entre enero del 2000 y junio del 2019, que fue elaborado por Leopoldo Villegas y Mary Ann Torres, reflejó que “la crisis de malaria en Venezuela es la peor epidemia en el hemisferio occidental en el siglo 21”.
Publicado en la web de Sos Orinoco, el informe asegura que “esta epidemia ha erosionado progresivamente los avances en la eliminación de malaria. Existe una necesidad de acciones globales para implementar soluciones costo efectivas y sostenibles – adaptadas a las condiciones locales – y en alianza con las poblaciones afectadas”.
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