La cadena VPITV anunció que deja de operar en Venezuela porque el régimen de Maduro confiscó todos sus equipos de transmisión

La televisora digital de noticias VPITV anunció este domingo que cesa momentáneamente sus operaciones en Venezuela tras la confiscación de sus equipos de transmisión, cámaras y computadoras el pasado viernes.

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“La estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y la agencia tributaria (SENIAT) procedieron a la incautación de la totalidad de los equipos, clausura del estudio y la oficina de redacción, lo que nos obliga momentáneamente a un cese de nuestras operaciones”, explica en un comunicado el canal de internet VPITV, con base en Miami (Estados Unidos), dedicado a noticias de Venezuela y América Latina.

“Esta medida viola el derecho a la propiedad y cierra una puerta más a la información libre y plural”, agrega.

El viernes, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que los funcionarios le solicitaron a los trabajadores “información sobre proveedores, mecanismos de publicación, operación” y “libros contables”.

El SNTP, principal organización gremial de periodistas en el país caribeño, acusa al gobierno de Nicolás Maduro de “una política sistemática” contra medios de comunicación críticos. Y la ONG promotora de la libertad de expresión Espacio Público denuncia que más de un centenar de medios de comunicación han cerrado desde la llegada del mandatario socialista al poder en 2013.

Los datos sobre el avasallamiento de la libertad de prensa en la venezuela de Maduro son abrumadores. Reporteros Sin Fronteras, El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, la prestigiosa ONG Espacio Público, por ejemplo- arrojan un mismo escenario: uno en el que los periodistas son perseguidos por las fuerzas de seguridad, los órganos censores rastrean hasta las comas de lo que se opina en las redes sociales, los medios críticos pierden sus licencias, se quedan sin papel para imprimir o les roban sus equipos, los periodistas son encarcelados y torturados, muchos se ven forzados al exilio y la sociedad de un momento a otro se queda sin conexión a internet.

“La violencia contra los periodistas no tiene costo en Venezuela. Si un policía golpea a un periodista en la calle no vas a encontrar a ningún funcionario que lo condene o lo cuestione. Hay una tarea de intimidación permanente”, explicaba semanas atrás a Infobae Carlos Correa, presidente de Espacio Público.

Las víctimas preferidas del régimen son los medios críticos locales, pero también las grandes plataformas consolidadas mundialmente, como Infobae que lleva seis años censurado en Venezuela.

Durante las últimas décadas, el chavismo se ha servido de los recursos del Estado para imponer su voz. Primero recurrió a estrategias convencionales, como disponer de los recursos públicos -principalmente los de PDVSA, la petrolera estatal- para dar y comprar espacios en los medios de comunicación que se iban comprometiendo con su línea editorial.

Una vez que tuvo medios sumisos, fue por más y comenzó a comprar los medios más antiguos y grandes del país a través de testaferros. Los que se resistían, como Radio Caracas de Televisión, se toparon con la fuerza del régimen y fueron obligados a cerrar. “Hoy son cientos los medios impresos y radiales que han cerrado o les han arrebatado, expropiado y robado sus equipos. Y a medida que surgen nuevas formas de voces digitales, entonces el régimen incrementa la persecución y la represión. Persigue, apresa y tortura periodistas”, asegura Machado.

Cuando comprar los medios no fue suficiente, comenzó a limitarse la distribución de papel para los periódicos. Las restricciones de acceso a ese insumo básico para los diarios, justificadas en la falta de divisas, llevaron a que, con el cese de la edición impresa de El Nacional en 2018, ya no quede ningún diario en papel de alcance nacional no alineado con el chavismo.

Además, en Venezuela los periodistas y los medios sobreviven en un ecosistema dominado por el terror, donde la autocensura es una mecanismo de defensa habitual. En 2017, Maduro sumó otro método de censura: la ley contra el odio. Aprobada por unanimidad por la Asamblea Constituyente erigida para quitarle poder a la Asamblea Nacional con mayoría opositora, la norma fija penas de hasta 20 años de cárcel y otras sanciones como multas a empresas y medios electrónicos, proscripción de partidos políticos y clausura de medios de comunicación a quienes difundan mensajes de odio.

Cuando no se silencia a quienes dan la información, entonces van por los que quieren informarse y bloquean internet. “Apagar el país” es la herramienta más frecuente del último año. De hecho, el Gobierno dejó sin conexión a todo el territorio venezolano en numerosas ocasiones, y en todas el objetivo fue evitar la difusión de una protesta en su contra, un discurso detractor o la sanción de una ley en el Parlamento.

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