La jueza María Lourdes Afiuni (Foto: Reuters)
La jueza María Lourdes Afiuni (Foto: Reuters)

Después de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU realizara un debate sobre el reporte de la Alta Comisionada sobre su visita a Venezuela en junio, Michelle Bachelet informó de la supuesta liberación de una de las emblemáticas presas políticas del régimen chavista: la juez María Lourdes Afiuni, junto con el periodista Braulio Jatar y otros 20 estudiantes.

Los abogados de Afiuni -en conversaciones exclusivas con Infobae– explicaron que la decisión que informó, en un tuit, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen de Nicolás Maduro se corresponde con el levantamiento de una medida cautelar sustitutiva de libertad, que tenía una demora de 5 años, 6 meses y 25 días en aplicarse.

Hasta el momento, lo único certero que conoce la defensa de Afiuni es que a la jueza le ordenaron el cese de las medidas cautelares, que se traduce en libertad plena. Pero eso no significa que su proceso judicial terminara pues existe una sentencia en su contra, del pasado 21 de marzo, que la condena a 5 años de cárcel.

"No tenemos ninguna información oficial que le haya llegado a la doctora Afiuni, en relación a una medida a favor de ella. Sin embargo, en la página oficial del Tribunal Supremo de Justicia están anunciando que el Tribunal 17 de Juicio, que es el tribunal que la condenó en marzo, dictó el cese de la medida cautelar que pesa sobre Afiuni", comentó Thelma Fernández, abogada de la jueza.

De acuerdo con las declaraciones de Fernández, la información que compartió el TSJ da a entender que Afiuni tiene libertad plena, "pero esa decisión no tiene que ver, en principio, con la sentencia condenatoria" de hace tres meses.

"Mientras el proceso continúa existe incluso la posibilidad de que a ella la vuelvan a encarcelar por alguna decisión judicial. Puede estar en libertad plena en este momento por un decaimiento o un cese de la medida, pero el proceso continua, proceso sigue intacto y siendo así, existe la posibilidad de que en algún momento de ese proceso, que aún no concluye, a ella se le pueda revocar esa libertad plena que tiene y se le pueda ordenar nuevamente su encarcelamiento", explicó Fernández.

El abogado José Amalio Graterol ratificó que la jueza "no ha sido notificada de ninguna manera" sobre el levantamiento de la medida sustitutiva de libertad que le impedía declarar a los medios de comunicación, salir del país y usar las redes sociales. Recordó que las leyes penales de Venezuela establecen que un ciudadano no puede tener más de dos años con decisiones judiciales que restrinjan los derechos vinculados con su libertad y que Afiuni duró con una medida de esa naturaleza por casi 10 años.

"Hay incongruencia entre lo que dice el TSJ y la decisión del Tribunal que condenó a la juez Afiuni hace unos meses. Hasta ayer el expediente estaba en la sala 10 de la corte de apelación del Tribunal Supremo. Ya el TSJ publicó la sentencia del Tribunal 17 firmada por Manuel Bognano, por el juez 17 de juicio. Es decir que pasaron la causa de la sala 10 de la Sala de Apelaciones al Tribunal 17 para el levantamiento de las medidas", aseveró Graterol para evidenciar las irregularidades del proceso judicial y el incumplimiento de la normativa legal venezolana.

Para la defensa de la juez María Lourdes Afiuni resulta complicado verificar el alcance de esta decisión porque este 5 de julio es feriado nacional debido al 208° aniversario de la Independencia en Venezuela. Prevén revisar con detalle el legajo con las implicaciones jurídicas el próximo lunes, una vez que la administración pública retome el funcionamiento de sus actividades.

Graterol y Fernández también manifestaron que el levantamiento de la medida sustitutiva de libertad de Afiuni se corresponde con una decisión política y no judicial. Ambos coincidieron en que la actuación del Tribunal Supremo evidencia, una vez más, la falta de independencia de los poderes públicos en Venezuela. Sobre todo la interferencia del Poder Ejecutivo en el Judicial.

Los abogados confirmaron que el despacho de la Alta Comisionada Michelle Bachelet tenía conocimiento -y en agenda- el caso de la juez Afiuni durante su visita en Venezuela el pasado mes de junio. También consideraron que la decisión del TSJ responde a un interés político para "congraciarse" con la Organización de Naciones Unidas, debido al crudo informe que presentó Bachelet en el que se afirma que el régimen chavista organizó una estrategia para socavar los principios democráticos de Venezuela, incluyendo el de la independencia de poderes públicos.

"Mi conclusión hasta ahora es esa: se toma la decisión que se debió haber tomado en 2013, un total descaro, pero se mantiene la sentencia aberrante que está por decidirse en la sala 10 de la corte de apelaciones (…) esa decisión es absolutamente política para dar una sensación que hay una flexibilidad con el tema de los presos políticos. Porque es una decisión que debía tomarse hace años y que la negó, más de 15 veces, el mismo tribunal hoy la firma", añadió Thelma Fernández.

José Amalio Graterol también fustigó parte del informe presentado por Bachelet pues considera írrito que la ONU ofrezca recomendaciones "a los violadores, a quien ejerce la tortura y viola los derechos humanos" de los venezolanos. Él cree que ese apartado debía estar dirigido a los organismos internacionales competentes para que aplicaran medidas en contra del régimen de Nicolás Maduro.

Por su parte, la abogada Thelma Fernández manifestó que la acción legal correcta que debe aplicarse, para que vaya en sintonía con las denuncias y recomendaciones del informe de la ONU, es cerrar completamente el caso porque "no hay un delito que haya cometido Afiuni".

"Si a mí me dicen que revocaron la sentencia condenatoria: ¡alabada sea Bachelet! (…) Si quieren hacer justicia con el caso en particular, debería revocarse esa sentencia espeluznante, ese desaguisado jurídico. Esa sentencia aberrante que se decretó en contra de ella. El mismo tribunal que la sentenció por corrupción reconoció en la sentencia que no hubo dinero o promesa de este a cambio de la decisión dictadas por la Juez Afiuni. Cerrar el proceso sí sería un avance", expresó Fernández.

La juez Afiuni es una de las presas políticas más emblemáticas del régimen chavista, incluso fue conocida en el sistema de justicia como "Presa de Chávez". Su caso fue mundialmente conocido por ser la primera juez a la que el ex presidente Hugo Chávez pidió, en cadena nacional de radio y televisión,  que apresaran por aplicar las normas procesales venezolanas y respetar una decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas.

Organizaciones como el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHRI por siglas en inglés) y Human Rights Watch han condenado desde hace más de 10 años las continuas violaciones al debido proceso en el juicio contra la Jueza Afiuni en Venezuela.

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