Uno de los 800 presos políticos de la dictadura de Nicolás Maduro fue localizado en el edificio Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas. Se trata de Gilber Caro, legislador de Voluntad Popular (VP), quien fuera secuestrado en la madrugada del pasado 26 de abril en un restaurante donde se reunía con amigos.
La información fue notificada por el magistrado Jaime Montoya Señorellys a allegados de Caro en las últimas horas de este miércoles tras 34 días de silencio. "El tribunal nos avisó que Gilber está en El Helicoide. Le fijaron la audiencia para hoy. Es decir, desde el día de ayer, aparentemente, por el tribunal cesó la desaparición forzada. Habrá que ver si desde el Sebin reconocen que está allí. Pero al menos el juez dijo que estaba ahí", confió a Infobae una fuente cercana al diputado.
Caro fue secuestrado por agentes del Sebin y llevado -sin orden judicial- a su sede en el centro de la capital venezolana. Familiares, abogados, dirigentes de VP y la comunidad internacional intercedieron para que el régimen diera a conocer su paradero, sin suerte. Finalmente, el juez Montoya Señorellys notificó a las partes que se hallaba en cautiverio en aquel edificio icónico.
El legislador está acusado de "sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana" y de "traición a la patria", de acuerdo con un expediente judicial al que tuvo acceso este medio. Es la segunda vez que el Palacio de Miraflores viola la inmunidad parlamentaria de Caro. Anteriormente ya lo había detenido entre enero de 2017 y junio de 2018. En ese momento, el régimen informó que lo hacía en "aras del diálogo" con la oposición.
Desde su secuestro en abril, Caro no tuvo contacto ni con sus familiares ni con sus abogados. Siempre se sospechó que estaba cautivo en la sede principal del Sebin, aunque desde el organismo y desde la Justicia no lo habían notificado. Recién ahora un magistrado reconoce su paradero.
Se espera que esta tarde el diputado de Voluntad Popular -el mismo partido que el del presidente interino Juan Guaidó– se presente ante el juez y conozca los supuestos delitos que le imputa la dictadura. Como tantos otros presos políticos, el dirigente permaneció arrestado bajo el extraño concepto de "política de Estado" por la cual puede ser detenido por las fuerzas represivas con o sin una orden judicial.
Por el momento, el silencio continúa en torno al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien está incomunicado desde el pasado 8 de mayo, cuando fue encarcelado de forma clandestina. Se cree que está en el Complejo Militar de Fuerte Tiuna, en la capital, aunque sus abogados exigen entrevistarlo sin suerte. Roberto Marrero, asesor de Guaidó, es otro blanco de la indigencia judicial que se vive a diario en Venezuela. Su defensor, Joel García, denunció por todos los medios que no tiene acceso a la documentación oficial desde hace dos meses.
El chavismo pretende vaciar de poder al único resorte democrático del país: la Asamblea Nacional. Es por eso que roba la inmunidad a los diputados opositores impidiendo que ejerzan sus funciones con normalidad. De esta forma, llegado el caso, podría dar vuelta los pesos que sostienen el equilibrio en el parlamento y de esta forma controlarlo.
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