Luego de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) chavista de allanarle la inmunidad a siete diputados opositores, Luisa Ortega Díaz aseguró que el dictador Nicolás Maduro no debería preocuparse por los parlamentarios, sino por su propio entorno.
"Ellos reaccionan contra los diputados, cuando de quien debe cuidarse Maduro es de los que tiene a su alrededor. Son muchos los que quieren la cabeza de Nicolás Maduro", sostuvo la ex fiscal general venezolana, durante una entrevista con César Miguel Rondón.
"Son muchos los que están alrededor de Maduro que quieren su cabeza, incluso militares, miembros del TSJ, muchos de sus ministros y edecanes, y eso debería de preocuparle y no estar persiguiendo diputados y ciudadanos que no han cometido delito", agregó.
"Debería estar alerta hasta con su propia esposa [Cilia Flores]", advirtió.
Asimismo, desde su exilio en Bogotá, afirmó que hay divisiones dentro del chavismo, y que se atacan entre los propios funcionarios del régimen de Maduro: "Es una pugna de poder", manifestó.
Al respecto, detalló el quiebre que existe entre Delcy Rodríguez y Tareck el Aissami: "Delcy Rodríguez, en muchas oportunidades, me expresó el desprecio que le tiene a Tareck el Aissami. Ella dice que es un narcotraficante, y siempre le pregunté por qué afirmaba eso y después decía que era broma".
"En el régimen se descalifican y se atacan entre ellos. Para mantenerse en el poder, trabajan unidos, pero esos conflictos explotarán en cualquier momento", detalló.
Ortega Díaz acotó que, entre los grupos que se disputan el poder, está el de Diosdado Cabello y el de los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez. Estos últimos, según la magistrada, están "bajo perfil", mientras que hay silencio por parte de El Aissami.
Por último, dijo que Maduro y su equipo lo que han hecho es "destruir" al país, al tiempo que comentó que "cualquier cosa que le pase a él y a sus ministros es responsabilidad de ellos mismos".
Sobre la medida que implementó el TSJ contra siete diputados opositores, explicó que viola el artículo 149 del Código Penal, al no permitir un derecho a la defensa: "Ellos no han tenido la oportunidad de defenderse. Eso es un procedimiento que está mal hecho, el procedimiento de antejuicio de mérito dura seis meses".
En esa línea, consideró que la decisión del régimen de tomar el control de los aeropuertos privados fue para evitar que los parlamentarios en cuestión salgan del país.
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