Una investigación publicada por el periódico digital madrileño El Español asegura que el despacho del ex juez Baltasar Garzón cobró 176.400 dólares por brindar asesoría a dos venezolanos para intentar desbloquear 200 millones de euros de la Banca Privada de Andorra.
Se trata de Diego Salazar, quien se encuentra en prisión en Venezuela desde diciembre de 2017 -acusado de expoliar hasta 2.000 millones de dólares de PDVSA, la petrolera estatal del país caribeño-; y de Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía del chavismo entre 2004 y 2006 e investigado también por sus finanzas en España.
El artículo de El Español recuerda que el primer rastro público del trabajo del despacho de Garzón para los dos chavistas llegó en abril de 2015, cuando el diario ABC reveló que el ex juez había sido contratado por el BPA, el banco andorrano, para desbloquear las cuentas de magnates venezolanos.
El periódico citaba como fuente las intervenciones telefónicas de la operación Clotilde, donde la Guardia Civil española interceptó los teléfonos móviles de los gestores del BPA en España. Poco antes, el 30 de noviembre de 2012, la Fiscalía del principado ordenaba el bloqueo de las cuentas de los oligarcas venezolanos al sospechar que habían sido utilizadas para blanquear fondos de la corrupción.
La factura, a la que tuvo acceso El Español, da cuenta de que el despacho Ilocad (de Garzón) facturó en septiembre de 2013 170.000 dólares más 6.000 euros de gastos a dos clientes: Diego Salazar Carreño y Nervis Villalobos Cárdenas.
La factura, con número 35/2013, fue emitida por un "Estudio del caso Diligencias Previas nº 3434/4122 (Andorra)", que necesitó -según el documento- "diversas reuniones del equipo internacional de abogados de Ilocad SL".
Así, la factura, afirma El Español, fue girada por la empresa administrada por Baltasar Garzón, que según las herramientas de investigación mercantil, tiene en su poder el 100% de las acciones.
Por su parte, voceros del ex magistrado sostienen que Diego Salazar "no ha sido cliente del despacho y jamás se lo ha defendido en ningún procedimiento judicial. A través de un abogado que actuó en interés del señor Salazar, este despacho y cuatro profesionales más realizaron una serie de trabajos dirigidos a un pre-estudio de un caso fuera de la jurisdicción española que le afectaba", indican desde el despacho.
Entonces, se desprende que Salazar y Villalobos no, pero un abogado que actuaba en representación suya, sí. Una línea fina con la que el despacho facturó 176.400 dólares por estudiar un procedimiento que luego, según ellos mismos explican, nunca se llegó a contratar.
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