La crisis petrolera de Venezuela, el país con más reservas probadas del mundo, es cada vez más alarmante. El dictador Nicolás Maduro tiene motivos para estar realmente preocupado. La minera canadiense Crystallex International Corp., uno de los acreedores de Caracas, rescindió su acuerdo con el régimen chavista y contrató a banqueros para forzar un embargo de CITGO Petroleum Corp., la firma con base en Texas, propiedad de Petróleos de Venezuela (PDVSA), que se ha vuelto uno de los bienes más codiciados por los acreedores, quienes buscan recuperar su dinero perdido.
Un abogado de la minera indicó el martes que Venezuela violó el acuerdo por 1.400 millones de dólares que alcanzó en noviembre para resolver una prolongada disputa derivada de la expropiación de un yacimiento de oro.
En virtud del acuerdo, el país caribeño se comprometía a pagar a Crystallex 500 millones de dólares por adelantado y prometiendo pagos trimestrales adicionales hasta el 2021.
El abogado de la compañía canadiense, Robert Weigel, señaló en un comunicado que Venezuela violó el acuerdo porque PDVSA siguió intentando anular una orden judicial que permitía a Crystallex incautar las acciones de la matriz de CITGO.
Un abogado de PDVSA rechazó que un documento presentado el lunes ante una corte de apelaciones federal equivalga a una violación del acuerdo. "Hasta donde sé, PDVSA no es una parte de ningún acuerdo con Crystallex", apuntó Joseph Pizzurro, del bufete Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle.
Ante esta situación, Crystallex planea reiniciar sus intentos de subastar CITGO, según Weigel, letrado del bufete Gibson, Dunn & Crutcher.
"Por supuesto, nos decepciona que hayan optado por incumplir sus obligaciones contractuales al continuar litigando", agregó el abogado en su comunicado.
En los documentos judiciales presentados esta semana, CITGO indicó que una subasta forzada podría asustar a sus proveedores, poner su deuda en mora e interrumpir las operaciones de refinación, poniendo en riesgo a miles de empleos estadounidenses.
Por otra parte, el acuerdo por 1.300 millones de dólares que Venezuela alcanzó en octubre con Rusoro Mining, de Vancouver, por la expropiación de activos mineros también quedó en riesgo, a partir de las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Maduro, según confió una fuente a la agencia Reuters.
El acuerdo exigía que Venezuela pagara 100 millones de dólares antes de fines de noviembre. Caracas transfirió parte del dinero a un banco canadiense, pero esta entidad financiera devolvió los fondos preocupado por no violar las sanciones de Washington, dijo una fuente con conocimiento del tema.
Los abogados de la firma, no obstante, no se manifestaron hasta el momento.
Frente a estas acusaciones, el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Venezuela tampoco respondió a un pedido de comentarios.
Ambas compañías habían buscado órdenes de tribunales estadounidenses para subastar a la matriz de CITGO, que indirectamente es propiedad de Venezuela a través de la petrolera estatal PDVSA.
Si bien Venezuela atraviesa por una crisis económica que la ha llevado a incumplir el pago de decenas de miles de millones de dólares en deuda, logró acuerdos para proteger a las refinerías de CITGO, un destino clave para el crudo venezolano.
De acuerdo a lo consignado por The Wall Street Journal, la mayoría de los analistas consideran que CITGO está está destinado a caer en manos de los acreedores de Venezuela.
Ante la alarmante crisis petrolera, Venezuela se ha vuelto cada vez más dependiente de CITGO, compañía que en 2014 intentó vender, pero luego desistió porque las ofertas no alcanzaron las expectativas. Tiempo después, PDVSA hipotecó el activo para recaudar efectivo.
La dictadura de Maduro no podría depender más de CITGO en el peor momento de su existencia. Un eventual embargo ordenado por los EEUU significaría la extinción todavía más acelerada del fallido experimento socialista.
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