El Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) denunció que periodistas han recibido "amenazas" por informar sobre la muerte del concejal opositor Fernando Albán, quien se encontraba preso y según la Fiscalía perdió la vida tras caer desde el piso 10 del Servicio de Inteligencia.
"Sabemos de amenazas contra periodistas que han informado sobre las verdad detrás de la muerte del concejal Fernando Albán. Nos han informado sobre las intenciones de detener a quienes han publicado datos del suceso. Todo el gremio periodístico está en estado de alerta", dijo el SNTP a través de Twitter.
De momento, el sindicato no ofrece mayores detalles de estas amenazas.
Sabemos de amenazas contra periodistas que han informado sobre las verdad detrás de la muerte del concejal Fernando Albán. Nos han informado sobre las intenciones de detener a quienes han publicado datos del suceso. Todo gremio periodístico está en estado de alerta
— SNTP (@sntpvenezuela) October 10, 2018
El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, ratificó que Albán, detenido el viernes por estar supuestamente implicado en el atentado contra el presidente, Nicolás Maduro, se suicidó y aseguró que esta es la causa de muerte que arrojan las investigaciones preliminares del caso.
Además, según Saab, en la autopsia practicada al cuerpo de Albán se señala que "no había evidencia de maltrato físico en el cuerpo, previo a esa caída".
El fiscal dijo esto para rechazar las declaraciones de algunos opositores que señalan que al concejal lo ahogaron y lo asfixiaron en la sede del Servicio de Inteligencia (Sebin) antes de que fuera supuestamente lanzado al vacío.
El lunes, Saab informó que Albán se había suicidado al lanzarse desde el décimo piso del Sebin cuando iba a ser trasladado a tribunales cuando solicitó ir al baño "y estando allí se lanzó al vacío".
Sin embargo, este miércoles, al explicar la manera en que había ocurrido el suceso, indicó que "nunca se ha dicho" que Albán "se lanzó desde el baño".
La muerte de Albán ha desatado una ola de acusaciones contra el Gobierno venezolano por tratarse de un considerado "preso político" que estaba bajo custodia de las autoridades.
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, responsabilizó al Gobierno de lo que califican homicidio y pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) investigar la muerte.
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