
Ya pasaron más de 36 horas y el régimen de Nicolás Maduro sigue sin entregar los cuerpos del ex policía Óscar Pérez y sus seis compañeros que fueron asesinados el pasado lunes en El Junquito. Pese a las exigencias de la familia, de la oposición, y de la opinión pública, las autoridades chavistas aún tienen en su poder los cadáveres de los oficiales sublevados.
Según consigna el diario El Nacional, un funcionario del Tribunal Militar 2° de Control señaló que el retraso se debe a la falta de fiscales, lo que ha impedido la constitución formal del Tribunal.
Esa fuente detalló que en esta causa será aplicado el código 62, referido a muertes por enfrentamientos con cuerpos policiales, que ahora es competencia del cuerpo militar.
"El gobierno les imputó actos terroristas y el procedimiento le compete ahora a esa jurisdicción, pero no se ha integrado el equipo de fiscales militares para realizar el post mórtem", comentó.

El funcionario del Tribunal Militar indicó que los cadáveres ingresaron el lunes por la tarde y "se les practicó la autopsia en presencia del fiscal mayor general Marval Flores, quien constató el retiro y resguardo de evidencias, entre las cuales están los proyectiles, así como la realización de exámenes toxicológicos y otros rutinarios".
Este miércoles, Aura Pérez, tía del piloto que atacó en junio pasado la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde un helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), se trasladó hacia la morgue de Bello Monte para exigir que le entreguen el cuerpo de su sobrino para darle "cristiana sepultura".
No obstante, el funcionario manifestó que a la sede forense sólo se presentaron parientes de Lisbeth Ramírez Mantilla y de José Alejandro Díaz Pimentel. Pero el ingreso de Aura Pérez quedó registrado por las personas que se encontraban en las inmediaciones de la morgue.

Todos los familiares de los asesinados el pasado lunes por las fuerzas chavistas unieron su reclamo para que los restos sean entregados, sin ser cremados, como en un principio se informó que pretendía hacer el régimen bolivariano.
En medio de los reclamos y del repudio generalizado, los accesos a la morgue permanecen fuertemente custodiados por soldados del Ejército y agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
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