Ricardo Sigwald, encargado de revisar el aspecto legal de los créditos solicitados al Banco de Desarrollo de América Latina (ex Corporación Andina de Fomento, CAF), fue despedido por recomendar que no se otorguen préstamos al gobierno venezolano ante las dudas que generaba la legalidad de las acreencias contraídas sin autorización de la Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento, de mayoría opositora).

"El asesor jurídico fue botado luego de realizar un informe donde explicaba a la presidencia del banco que no era conveniente prestar dinero a Venezuela", dijo una fuente cercana al Banco de Desarrollo de América Latina, que prefirió reservar su identidad, explicó un artículo del portal venezolano El Estímulo.

Según la fuente, la orden de prescindir de los servicios de Sigwald llegó desde la propia presidencia del organismo y se ejecutó a principios de junio pasado: le pidieron que abandone su oficina y regresó a su país de origen, Argentina.

La medida está vinculada a dos préstamos solicitados por el gobierno venezolano en marzo de 2017 por USD 400 millones y USD 60 millones, que, de acuerdo con el economista y diputado opositor José Guerra, serían utilizados para cancelar compromisos de deuda con vencimiento en el primer trimestre.

Desde la Asamblea Nacional se recomendó al Banco no otorgar los fondos argumentando que la deuda no sería reconocida pues no había sido avalada por el Parlamento a raíz de que el Tribunal Supremo de Justicia lo declarar en desacato y asumiera prerrogativas que según la Constitución Nacional corresponden al cuerpo de diputados, explicó El Estímulo.

Estas habrían sido las razones esgrimidas por el asesor legal para no avalar los créditos solicitados por Venezuela. "Se estaba violando la Constitución y eso significaba que no había garantías de que el organismo recuperara los fondos otorgados. Sigwald sólo estaba protegiendo los intereses de la CAF", dijo uno de los informantes anónimos.

Tras el primer informe, el asesor jurídico había extendido la recomendación de no otorgar préstamos a ningún ente gubernamental como el Banco Central de Venezuela o Bandes (Banco de Desarrollo Económico y Social), entidades públicas que el Ejecutivo utilizaría para hacer nuevas propuestas de crédito.

"Solo así se pudo frenar que en aquella oportunidad que se otorgara el préstamo, pero no sabemos si después de botar al asesor jurídico se aprueben otras solicitudes", comentó una de las fuentes.

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