"Las elecciones ilegítimas de ayer confirman que Maduro es un dictador que ignora la voluntad del pueblo venezolano": así definió el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a Nicolás Maduro en el acto de cumplir con la imposición de sanciones económicas "contra actuales o ex funcionarios del gobierno de Venezuela y otros que socavan la democracia en Venezuela".
La Oficina de Control de Activos (OFAC) —organismo que depende de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera—, expresó que Maduro lleva "años de esfuerzos por socavar la democracia y el estado de derecho".
El comunicado del Departamento del Tesoro expresó que estas sanciones se imponen "un día después de que el gobierno de Maduro realizara elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que aspira a usurpar ilegítimamente el papel constitucional de la Asamblea Nacional democráticamente elegida, reescribir la constitución e imponer un régimen autoritario al pueblo de Venezuela".
Eso —continuó el texto— "representa una ruptura en el orden constitucional y democrático de Venezuela". Maduro siguió adelante con la ANC "a pesar de que los venezolanos y los gobiernos democráticos del mundo se han opuesto mayoritariamente a ella como un asalto fundamental a las libertades del pueblo venezolano".
Al sancionar a Maduro "los Estados Unidos hacen clara su oposición a las políticas de su régimen y nuestro apoyo al pueblo de Venezuela que busca regresar a su país en democracia plena y próspera", dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin. "Cualquiera que participe en esta ilegítima ANC podría exponerse a futuras sanciones de los Estados Unidos por su papel en socavar los procesos democráticos y las instituciones en Venezuela".
Como resultado de las elecciones —durante el transcurso de las cuales murieron 16 personas—, "todos los activos de Nicolás Maduro sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos quedan congelados, y se prohíbe a los estadounidenses a negociar con él", se anunció.
La Casa Blanca se unió a la demanda de otros gobiernos democráticos del mundo que piden a Caracas "que detenga el proceso de la ANC y permita que los procesos e instituciones democráticas de Venezuela funcionen como estaba previsto". El comunicado cerró con una exhortación a los que integrarían la Asamblea Constituyente: "Declinen de asumir sus cargos".
Luego de recordar que "Maduro fue elegido Presidente de Venezuela el 14 de abril de 2013, tras la muerte del ex presidente Hugo Chávez", el Departamento del Tesoro expresó que bajo su mando "el gobierno venezolano ha abusado deliberada y repetidamente de los derechos de los ciudadanos mediante el uso de la violencia, la represión y la criminalización de las manifestaciones".
Detalló: "Bajo su dirección, las fuerzas de seguridad del régimen han reprimido y criminalizado sistemáticamente a los partidos de la oposición mediante detenciones arbitrarias, procesamiento militar de civiles y un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Todo miembro de la oposición o crítico del régimen corre el riesgo de ser detenido, encarcelado, agredido, torturado y asesinado".
Además de sus violaciones a los derechos humanos, "el régimen de Maduro ha manejado mal la economía y se ha involucrado en una corrupción sistémica", recordó el comunicado. "A pesar de contar con las reservas de petróleo más grandes del mundo, decenas de millones pasan hambre porque el gobierno se niega a importar alimentos suficientes para el pueblo venezolano, se dedica a la corrupción desenfrenada de la moneda y del régimen cambiario, y rechaza las ofertas de ayuda humanitaria".
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