El régimen militar de Nicolás Maduro sigue sumando denuncias por los atropellos y violaciones a los derechos humanos en Venezuela. El Instituto Casla denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) a 57 funcionarios chavistas por "torturas sistemáticas" que, según el informe de la ONG, se profundizaron desde el inicio de las protestas a comienzos de abril.
La organización de estudios sobre América Latina indicó que desde el pasado 1 de abril se han registrado unos 300 casos de torturas contra la población civil.
La abogada venezolana Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto, explicó al diario español ABC que Maduro utiliza la violencia con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) como "política de Estado" para "mantenerse en el poder".
Asimismo, acusó al régimen de utilizar a "los organismos de seguridad, la Fuerza Armada y el Tribunal Supremo, además de los voceros internacionales que le hacen el coro para mentir sobre lo que pasa en Venezuela".
Los 57 integrantes de la lista presentada por la ONG "han sido parte de la represión de los últimos seis meses, cómplices directos por acción u omisión de las torturas perpetradas por los funcionarios u oficiales adscritos a sus dependencias, cómplices necesarios del régimen para mantener su estructura represiva, bien sea jurídica y política, cómplices necesarios del régimen para falsear o engañar a gobiernos extranjeros y organismos internacionales".
Entre los acusados de mayor renombre se encuentran: Vladimir Padrino López (ministro de Defensa), Delcy Rodríguez (candidata a la Asamblea Nacional Constituyente), Diosdado Cabello (vicepresidente del PSUV), Maikel Moreno (presidente del Tribunal Supremo de Justicia), Samuel Moncada (canciller) y Rafael Ramírez (embajador venezolano ante la ONU), entre otros.
Maduro ya había sido denunciado en una presentación del año pasado por el Instituto Casla, al igual que su vicepresidente Tarek El Aissami.
El informe detalla que entre las torturas más habituales están la intoxicación con bombas lacrimógenas, golpes con objetos contundentes, violaciones, e incluso la obligación a detenidos arbitrariamente a comer excrementos y gusanos.
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