Un grupo influyente de senadores republicanos y demócratas de los Estados Unidos presentará este miércoles una legislación como reacción a la crisis en Venezuela, incluyendo sanciones a individuos responsables de socavar la democracia o estar involucrados en corrupción, dijeron asesores del Senado.
El proyecto de ley proporcionaría 10 millones de dólares en ayuda humanitaria al atribulado país, exigirá al Departamento de Estado coordinar un esfuerzo regional para aliviar la crisis y solicitará a la Inteligencia estadounidense que informe sobre la participación de funcionarios venezolanos en corrupción y narcotráfico, según una copia vista por la agencia de noticias Reuters.
Asimismo, el texto pide al presidente Donald Trump que tome todas las medidas necesarias para impedir que la petrolera estatal rusa Rosneft obtenga el control de cualquier infraestructura energética estadounidense. Rosneft ha estado ganando terreno en Venezuela mientras el país sudamericano busca dinero en efectivo.
La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) utilizó el año pasado el 49,9 por ciento de sus acciones en su filial estadounidense, Citgo, como garantía colateral para financiamiento por parte de Rosneft. En total, Rosneft ha prestado a PDVSA entre 4.000 millones y 5.000 millones de dólares.
La iniciativa llega en un momento en que la comunidad internacional intenta dar respuesta a la profunda crisis económica y a las protestas callejeras que vive la nación, miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Asesores senatoriales dijeron que el proyecto de ley busca reaccionar a la crisis trabajando con países de toda América y organizaciones internacionales, en lugar de actuar de forma unilateral, abordando algunas de las raíces del problema y respaldando el respecto a los derechos humanos.
Funcionarios estadounidenses llevan tiempo resistiéndose a expresar de forma pública sus críticas a Venezuela, cuyos líderes acusan a Washington de estar detrás de la oposición al gobierno izquierdista del país.
Destacados promotores
Los principales promotores de la legislación son el senador Ben Cardin, el demócrata más destacado en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta; y el senador republicano Marco Rubio, quien preside la Subcomisión sobre el Hemisferio Occidental del panel y es un abierto crítico del Gobierno venezolano.
Las posibilidades de ser aprobada por el Congreso son altas, ya que entre los copatrocinadores se encuentran los senadores John Cornyn -número dos republicano en la Cámara- y Dick Durbin -número dos demócrata-, además del republicano John McCain, el influyente presidente de la Comisión de Servicios Armados.
El proyecto de ley tiene 11 secciones, que buscan afrontar la crisis con un amplio abanico de medidas.
En lo relativo a la corrupción, se requerirá que el Departamento de Estado y las agencias de inteligencia preparen un reporte no clasificado, con un anexo clasificado, sobre cualquier implicación de funcionarios del Gobierno venezolano en casos de corrupción y narcotráfico.
En el pasado, el Departamento del Tesoro sancionó a funcionarios o ex funcionarios venezolanos acusados de narcotráfico o corrupción, designación que permite el congelamiento de sus activos en los Estados Unidos y les prohíbe realizar transacciones financieras a través del país norteamericano.
Los funcionarios han negado los cargos y los han calificado como un pretexto incluido en un plan para derrocar al Gobierno de Maduro.
La nueva iniciativa buscará convertir en ley las sanciones impuestas por una orden ejecutiva del ex presidente Barack Obama contra individuos considerados responsables de "socavar el gobierno democrático" o implicados en corrupción.
(Por Patricia Zengerle – Reuters)
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