La Iglesia católica venezolana resaltó su preocupación luego de las sentencias del Tribunal Supremo que constituyeron un golpe de Estado, y apuntó que el retroceso realizado tras la presión internacional no ha resuelto la crisis política, según declaraciones de sus autoridades.
"El bloqueo a la Asamblea Nacional persiste. Me sigue preocupando que el país se encuentre en estado de excepción con respecto a asuntos de materia económica, desde hace aproximadamente un año. Esto no es normal", declaró el cardenal Jorge Urosa Savino, arzobispo de Caracas, en declaraciones publicadas por El Nacional.
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Según explicó, la cancelación del referéndum revocatorio en 2016, la suspensión de diputados opositores y la no convocatoria a elecciones son factores que configuran "una situación de dictadura". Por ello, indicó que la gente que sufre "dolorosamente" la escasez de alimentos y medicinas siente ahora desesperanza y angustia.
Por su parte, el cardenal Baltazar Porras, arzobispo de Mérida, apuntó que la crisis persiste aunque la Corte Suprema haya eliminado el artículo en el que se atribuía las funciones del Poder Legislativo: "Las correcciones a las sentencias son retoques cosméticos que no resuelven en absoluto la situación porque siguen las medidas que cercenan la Asamblea Nacional como poder autónomo y confunden a la población".
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También, Porras señaló que continúa vigente la solicitud del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, en la que pidió el regreso de la vigencia plena del Parlamento. "Éste es un reclamo universal de muchos países", agregó.
Por ello, Porras advirtió que las medidas del régimen chavista pueden derivar en enfrentamientos. "De continuar, esto puede ser una invitación al caos y al desorden y provocar un baño de sangre innecesario. Si hay razones para desconocer al Legislativo, es el pueblo quien tiene que decidirlo. En este momento las necesidades reales de la gente son la falta de alimentos y de medicinas", indicó.
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En tanto, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, monseñor Diego Padrón, manifestó con preocupación que la nación avanza hacia un totalitarismo y resaltó el derecho a la protesta. "Las decisiones políticas tienen graves consecuencias para el destino del país. No habrá soluciones mientras la sociedad civil no tome conciencia de su papel y obligue a los partidos a tomar posturas contundentes. Deben hacer valer los mecanismos constitucionales. La protesta es legítima y un derecho válido", declaró.
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