
Las repercusiones y el debate sobre las implicancias políticas e institucionales de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anula las atribuciones de la Asamblea Nacional opacaron al que podría haber sido el motivo de fondo del gobierno de Nicolás Maduro detrás de esa decisión.
Lo cierto es que el jueves el TSJ estableció, entre otras cosas, que "ante el desacato de la Asamblea Nacional (…) no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos".
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La sentencia 156 busca sortear la disposición constitucional que establece que el Congreso debe aprobar los contratos de "interés público nacional" con firmas foráneas. Esto sólo se volvió un problema para el gobierno en diciembre de 2015, cuando la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ganó la mayoría de la Asamblea Nacional.
Una marcha atrás parcial
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Tras dos días de crisis interna y de presión internacional, el TSJ emitió dos nuevas sentencias que devuelven las competencias a la Asamblea Nacional, como respuesta a un pedido de Nicolás Maduro de revisar el fallo que disolvió el Parlamento. Sin embargo, la marcha atrás no incluyó a las polémicas "expresas mixtas" en el área petrolera.
"Se dio marcha atrás con la anulación de la Asamblea, pero el resto de la sentencia sigue en pie, puntualmente la disposición que establece que el Ejecutivo no deberá someter al legislativo la constitución de empresas mixtas, explicó a Infobae el analista internacional Andrei Serbin Pont.
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De acuerdo con el especialista, el Gobierno logró su objetivo en la medida en que "hoy todo el mundo habla del golpe, nadie menciona que las empresas mixtas sigue en pie".
El dato no es menor en el contexto de la delicada situación de la economía venezolana, y posiblemente por ese motivo el opositor presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, mientras rompía el dictamen del TSJ, advertía a las compañías extranjeras que no hagan acuerdos con el gobierno chavista.
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Tampoco es menor el hecho de que el gobierno de Maduro está desandando el proceso de nacionalizaciones en la industria petrolera, pieza angular de la política e incluso del discurso del fallecido Hugo Chávez.
Es que las empresas mixtas son, efectivamente, el mecanismo creado por el chavismo para hacer negocios con los tan denostados "intereses extranjeros". Aunque no es nuevo, sí se ha vuelto crucial ante la aguda crisis venezolana.
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El objetivo estratégico de Maduro, entonces, es facilitar las inversiones extranjeras en la atribulada industria petrolera del país, actualmente afectada por la falta de liquidez.
Ahora desde la Asamblea Nacional: pronunciamiento frente al Golpe de Estado del Tribunal Supremo de Justicia #30Mar… https://t.co/m6FgEED3dv
— Julio Borges (@JulioBorges) March 30, 2017
El gobierno tiene en la mira un acuerdo por USD 3.000 millones con el gigante petrolero ruso Rosneft, al que le fue ofrecida una participación en una empresa mixta con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), como parte de un acuerdo más amplio con el aliado clave de Caracas. Esto podría explicar el apoyo del presidente Vladimir Putin al 'autogolpe' perpretado el jueves por la justicia venezolana.
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De acuerdo con Reuters, es probable que el engorroso marco legal y los reclamos internacionales eleven la ansiedad de las petroleras extranjeras, que ya están nerviosas ante la compra de participaciones en yacimientos petroleros por las tambaleantes finanzas del país y un mayor escrutinio regulatorio a nivel local, dijeron fuentes de la industria.

Mientras tanto, Rusia y China se están convirtiendo en financistas cada vez más importantes para el aislado Maduro, en un momento en que muchas otras firmas foráneas se resistían ya a destinar dinero a Venezuela ante el llamado "mal clima de negocios" y las deudas.
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Tras la crisis política de esta semana, que sin dudas golpeó al gobierno y revitalizó a la fracturada oposición, se abre otro interrogante sobre el futuro venezolano, vinculado a cuáles son los otros planes económicos para sacar a la economía de la crisis, y sobre cómo la oposición podrá llevarlos adelante. Por ahora, hay más interrogantes que certezas.
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