Colombia rechaza plan conjunto con EE. UU. para combatir a los narcotraficantes

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De la Espriella dijo que su país no permitiría que las fuerzas estadounidenses participaran en operaciones contra los cárteles dentro de su territorio.

En lo que representa un importante revés para la campaña del gobierno de Donald Trump contra las bandas de narcotraficantes, el presidente de Colombia ha rechazado un plan para permitir que Estados Unidos ejecute operaciones militares conjuntas en su país, según funcionarios estadounidenses.

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El líder colombiano de derecha, Abelardo de la Espriella, dijo esta semana a Washington que, aunque apoyaba la colaboración con el Pentágono para combatir a las organizaciones de narcotráfico, carecía de los votos necesarios en el Congreso para aprobar esa medida, según dijeron los funcionarios.

Los funcionarios solicitaron mantener su anonimato para poder abordar un asunto diplomático delicado.

Colombia ha sido clave en los planes del Pentágono para ampliar las operaciones militares por toda América Latina porque es uno de los países más grandes de la región y cuenta con una de las fuerzas armadas más sofisticadas.

Cuando De la Espriella asumió el poder este año, se alineó con el presidente Trump, prometiendo un enfoque firme contra los grupos narcotraficantes y una represión de la violencia que impera en muchas regiones de Colombia.

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La decisión del gobierno colombiano hizo que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, tuviera que modificar la gira por cuatro países que realiza actualmente por América Latina.

En un principio, estaba previsto que se reuniera el miércoles con autoridades colombianas en Bogotá, la capital, para debatir el acuerdo militar bilateral.

En su lugar, se preveía que Hegseth hiciera una breve escala para reunirse con autoridades colombianas tras pasar por Caracas (Venezuela), donde se reunió con la presidenta interina y otros funcionarios. El secretario de Defensa y la presidenta interina, Delcy Rodríguez, firmaron un acuerdo que Hegseth describió como parte de una "mayor colaboración en materia de defensa".

El acuerdo militar con Colombia, conocido como "Título 10", habría permitido que las fuerzas estadounidenses operaran en ese país y realizaran ataques aéreos conjuntos y operaciones terrestres.

A pesar del contratiempo, la cooperación entre ambos países sigue siendo sólida. Recientemente, Estados Unidos y Colombia han terminado un importante ejercicio de entrenamiento. Y la semana pasada, el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, se reunió en Bogotá con los máximos responsables militares colombianos.

El Pentágono se negó a hacer comentarios al respecto. La Casa Blanca y el gobierno de Colombia no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

También se esperaba que Hegseth visitara Ecuador, cuyo presidente conservador ya dijo que permitiría operaciones militares conjuntas con Estados Unidos en su país.

Las relaciones entre las autoridades venezolanas y de Estados Unidos se han estrechado desde que el ejército estadounidense derrocó al líder autocrático, Nicolás Maduro, en enero. El Times informó que Estados Unidos prestó asistencia al ejército venezolano en un ataque mortal con drones contra un grupo armado en territorio venezolano, y que el gobierno de Trump estaba negociando un acuerdo que sentaría las bases para una posible presencia militar estadounidense a largo plazo en el país.

La incapacidad de De la Espriella para garantizar la cooperación colombiana pone en duda los planes del Pentágono para la región y su Coalición Americana contra los Cárteles, anunciada a principios de este año. En marzo, el presidente Trump se reunió en Florida con líderes latinoamericanos de tendencia conservadora y se comprometió a colaborar para "erradicar los cárteles criminales que asolan nuestra región".

Un aspecto fundamental del objetivo de Trump era persuadir a las naciones latinoamericanas para que permitieran operaciones conjuntas dentro de sus territorios.

La estrategia representa una expansión agresiva de los ataques aéreos del Pentágono contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes que zarpan de Sudamérica. Numerosos expertos jurídicos sostienen que esos ataques son ilegales según las leyes internacionales que prohíben atacar a civiles, incluso si están cometiendo un delito, a menos que representen una amenaza inmediata.

Aparte de la oposición en el poder legislativo de Colombia, los soldados estadounidenses en territorio colombiano también podrían enfrentarse a una importante resistencia por parte de la opinión pública. Colombia cuenta con unas fuerzas armadas muy experimentadas, y es probable que muchos ciudadanos consideren esa medida como una afrenta a la soberanía.

"Desde que comenzaron los ataques contra embarcaciones, el gobierno de Trump ha manifestado su deseo de llevar a cabo ataques terrestres", dijo Brian Finucane, un antiguo abogado del Departamento de Estado especializado en derecho de la guerra. "El caso de Colombia demuestra que, incluso en países cuyos presidentes apoyan a Trump, siguen existiendo limitaciones políticas y jurídicas internas respecto a las acciones militares estadounidenses en su territorio".

Finucane dijo que "debería de servir como una dosis de realidad para el gobierno que, a diferencia de lo que ocurre con los ataques contra embarcaciones, no van a tener vía libre para ejecutar ataques a su antojo en el territorio de otros estados".

Julie Turkewitz colaboró con reportería desde Bogotá.

Maria Abi-Habib es corresponsal de investigación con sede en Ciudad de México y cubre América Latina.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Ha informado sobre asuntos militares estadounidenses y antiterrorismo durante más de tres décadas. Se le puede contactar de manera segura en Signal: @ericschmitt.36.

Julie Turkewitz colaboró con reportería desde Bogotá.

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