Un juez federal prohíbe las detenciones de ICE en los juzgados de inmigración

El fallo pone fin a uno de los aspectos más agresivos de la campaña de deportaciones masivas del presidente Trump y es válido en todo el país.

Un juez federal en California dictó el martes una orden que impide a los agentes migratorios de todo el país realizar detenciones dentro de las cortes de inmigración. El fallo pone fin a lo que había sido uno de los aspectos más agresivos de la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

El juez P. Casey Pitts, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, dijo en su fallo que los oficiales federales habían infringido un estatuto clave que regula los procedimientos administrativos cuando modificaron las directrices anteriores, que restringían las detenciones civiles dentro de los juzgados de inmigración.

El juez calificó los procesos de toma de decisiones de los oficiales de "arbitrarios y caprichosos", y señaló que no habían logrado plantear opciones alternativas y que habían hecho caso omiso de sus propias preocupaciones anteriores de que las detenciones en los juzgados "desanimarían" a los migrantes de acudir a sus audiencias.

"Durante 80 años, el Congreso ha ordenado a las agencias federales que piensen antes de actuar", escribió Pitts, y añadió que aunque esa instrucción no dictaba un resultado concreto, sí exigía un proceso.

La sentencia se dictó en el marco de una demanda colectiva contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración, por el aumento de las detenciones relacionadas con la inmigración en los juzgados y la detención cada vez más prolongada de migrantes en centros del ICE diseñados para estancias breves.

También anuló una exención general emitida por el ICE en junio de 2025 que permitía a sus oficinas locales retener a los detenidos en salas de estancia de corta duración durante 72 horas o más, lo que supone una desviación significativa del límite tradicional de 12 horas de la agencia.

Pitts fue propuesto para ser juez del tribunal federal por el presidente Joe Biden.

Es probable que la decisión sea apelada, ya que la Corte Suprema ha limitado considerablemente la capacidad de los jueces de instancias inferiores para bloquear las políticas del poder ejecutivo a nivel nacional. Los tribunales de apelación también han revocado ya algunas de las numerosas sentencias de instancias inferiores contra el gobierno de Trump en materia migratoria.

Las detenciones en los juzgados se convirtieron en un punto controvertido de la campaña de detenciones y deportaciones masivas de Trump, ya que personas que acudían a audiencias rutinarias o a reportarse con las autoridades se veían de pronto detenidas. Los enfrentamientos se convirtieron en espectáculos públicos en los pasillos de los juzgados, donde agentes enmascarados del ICE a menudo se enzarzaban con personas que intentaban ayudar a los migrantes.

El mes pasado, un juez federal en Manhattan prohibió este tipo de detenciones en los tribunales de inmigración de la ciudad de Nueva York, pero la sentencia del martes de Pitts prohíbe estas detenciones en cualquier lugar del país.

"Nos tranquiliza que ahora la gente pueda acudir a los tribunales sin miedo a sufrir detenciones arbitrarias durante sus procedimientos", dijo Jordan Wells, abogado sénior del Comité de Abogados por los Derechos Civiles del Área de la Bahía de San Francisco, que representó a algunos de los migrantes detenidos en los juzgados.

James Percival, abogado general del Departamento de Seguridad Nacional, condenó la sentencia, con el argumento de que las personas que no son ciudadanas y cuya deportación haya sido ordenada por un juez de inmigración deberían recibir el mismo trato que un acusado condenado por un delito.

"Que un juez de distrito ordene lo contrario es puro activismo judicial al servicio de una agenda antiestadounidense a favor de las fronteras abiertas", escribió el martes en una publicación en X.

Durante al menos una década, el ICE intentó evitar que sus agentes llevaran a cabo detenciones civiles por motivos de inmigración dentro o cerca de los juzgados. En 2014 y 2015, sus directrices internas establecían que esas acciones debían reservarse para objetivos de alta prioridad, como migrantes condenados por delitos, involucrados en pandillas o considerados de algún modo un riesgo para la seguridad pública. Sus directrices de 2021 ampliaron esas restricciones específicamente a las cortes de inmigración, al considerar que tales medidas de control podían "disuadir" el acceso a la justicia.

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por su sigla en inglés), que supervisa el sistema de tribunales de inmigración y forma parte del Departamento de Justicia, posteriormente restringió las detenciones civiles para abarcar todos los espacios donde se llevaran a cabo procedimientos de los tribunales de inmigración.

En su fallo, Pitts dijo que, cuando el ICE amplió las detenciones a los juzgados de inmigración en 2025, la agencia había revocado indebidamente sus directrices de 2021 y se basaba en una política recién publicada que no hacía referencia a los juzgados de inmigración. El juez consideró que la EOIR también infringió la ley federal que regula las decisiones de la agencia al seguir el ejemplo del ICE y rescindir sus directrices de 2023.

Si bien los abogados del Departamento de Justicia habían defendido durante meses que la nueva política se aplicaba a los tribunales de inmigración, el ICE acabó reconociendo que en ella no se mencionaban para nada dichos tribunales, según escribió el juez.

La misma cuestión se señalaba en la sentencia del mes pasado del juez federal del caso de Nueva York, P. Kevin Castel.

El fallo de Castel solo se aplicaba a dos juzgados de la ciudad de Nueva York y se produjo en respuesta a una demanda presentada por dos grupos de defensa de migrantes, que argumentaban que las detenciones eran inconstitucionales y habían hecho que las personas temieran acudir a audiencias de carácter obligatorio.

Las detenciones en el juzgado principal del centro de Manhattan habían dado lugar a escenas cotidianas y muy llamativas en las que los migrantes acudían a audiencias rutinarias solo para ser llevados lejos y separados de sus familias por agentes de ICE apostados en los pasillos del juzgado.

La sentencia de Nueva York puso fin a lo que se había convertido en una forma confiable que tenía el ICE de detener a personas sin ciudadanía estadounidense en la ciudad más grande del país.

Desde que empezaron las detenciones en los juzgados el año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional ha argumentado que detener a los migrantes en los juzgados era más seguro y más fácil que enviar agentes a las comunidades locales.

Jazmine Ulloa es una reportera de temas de Estados Unidos que cubre migración para el Times.

Luis Ferré-Sadurní es periodista del Times en Bogotá, Colombia.