Trump y la Corte Suprema: un fallo adverso que debería interpretarse como un triunfo para el liderazgo de los Estados Unidos

Ronald Dworkin (1931-2013) fue uno de los juristas y académicos de Filosofía del Derecho más destacado del siglo XX. Egresado de la universidad de Harvard y doctorado en la de Oxford, Dworkin fue un agudo crítico del positivismo jurídico y partidario del interpretativismo. Consideraba que el Derecho debía entenderse como un sistema único y coherente de principios. En este sentido, el enfoque del jurista nacido en Massachusetts tiene puntos de contacto con la filosofía del Derecho Natural, pero su gran disidencia con esta doctrina radica en su rechazo al origen dogmático e inflexible de la moral escolástica.

A principios del año 2006, durante el segundo mandato del presidente republicano George W. Bush, Dworkin mantuvo un fuerte debate con su colega de Harvard, Charles Fried, un defensor de la teoría originalista, alejada de posturas morales subjetivas para la interpretación de la ley. La disputa entre ambos académicos estuvo centrada en la figura del juez de la Corte Suprema de Justicia, Antonin Scalia, designado por el presidente Ronald Reagan en 1986, y destacado miembro del ala conservadora del máximo tribunal hasta su muerte ocurrida hace una década.

La postura de Dworkin en el debate adquiere hoy una gran trascendencia frente a las críticas realizadas por el presidente Donald Trump a partir del fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles comerciales globales impuestos por el titular del Poder Ejecutivo sin intervención del Parlamento. Los magistrados designados por Trump, los conservadores Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, votaron junto al presidente del tribunal supremo, John Roberts. A ellos se sumaron las juezas liberales Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor. En tanto, los tres juristas restantes, Brett Kavanaugh, Clarence Thomas y Samuel Alito se inclinaron a favor de la legalidad de los aranceles impuestos por el presidente Trump.

“Los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna parte del poder tributario al Poder Ejecutivo”, escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, designado en 2005 por el republicano George W. Bush para integrar el máximo tribunal de justicia. Por su parte, Brett Kavanaugh, nominado por Trump en 2018, consideró que “los aranceles en cuestión pueden o no ser una política sensata. Pero, a juzgar por el texto, la historia y los precedentes, son claramente legales”.

La posición de Dworkin en su disputa en torno a Scalia refiere a la actitud que deberían tomar los candidatos nominados por el Poder Ejecutivo para ocupar un asiento en el tribunal colegiado. “El gran poder de la Corte Suprema solo es legítimo si cada uno de los jueces lo ejerce con arreglo a principios generales extraídos de su propia concepción de la autoridad moral de la Constitución”, sostuvo el destacado jurista que llegó a ser miembro de la Academia Británica. Una gran lección de alcance global para las repúblicas que deberán encarar futuras nominaciones de candidatos para el máximo tribunal de justicia.

El ex juez de la Corte Suprema estadounidense Stephen Breyer, que se desempeñó en ese organismo entre 1994 y 2022, publicó un ensayo titulado “Leyendo la Constitución: Por qué elegí el pragmatismo y no el textualismo”. Breyer, un abogado cercano al Partido Demócrata enfrentado al ala conservadora impuesta en la Corte Suprema durante la gestión de Donald Trump, escribió en su obra que hay que tener mucha prudencia y sabiduría para interpretar las normas constitucionales “porque el mundo cambia, no necesariamente tanto en términos de valores, sino ciertamente en términos de los hechos a los que se aplican esos valores”.

En este nuevo escenario institucional Trump no puede tratar el comercio exterior como un instrumento de presión geopolítica sin controles legislativos, lo que afecta directamente su estrategia general hacia China. La decisión de la Corte Suprema podría mejorar el acceso de empresas globales a uno de los mercados más grandes del mundo, beneficiar al gobierno en su lucha contra la inflación.

Es probable que los estrategas legales de Trump vuelvan a revisar los libros de historia, en particular aquellos referidos al intento del expresidente demócrata Franklin Delano Roosevelt para reformar la Corte Suprema después del llamado “Lunes Negro” de 1935.

El 25 de mayo de ese año el máximo tribunal falló por unanimidad en dos casos que anularon importantes partes del New Deal de Roosevelt. El primer caso declarado inconstitucional fue el referido a la Ley de Hipotecas Agrícolas de Emergencia, núcleo del programa gubernamental diseñado para evitar que los agricultores endeudados perdieran sus tierras. En un segundo fallo, la Ley Nacional de Recuperación Industrial fue declarada ilegal por violar la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda.

2026 es un año decisivo para la gestión de Donald Trump. El 4 de julio se celebrarán los 250 años de la declaración de la independencia en medio de fuertes debates por el futuro de la calidad democrática y la separación de poderes en los Estados Unidos. Entre el 11 de junio y el 19 de julio se realizará el Mundial de Futbol, una vidriera global de cara a la creciente problemática en materia migratoria. Y, finalmente, en las elecciones del 3 de noviembre, el mandatario republicano pondrá en juego su mayoría partidaria en el parlamento federal.

Maquiavelo escribió que “un gobernante sabio debe confiar en lo que está bajo su propio control, no en lo que está bajo el control de otros”. El poder judicial independiente es el gran hándicap con el que cuentan los Estados Unidos para atraer inversiones frente a la creciente competencia económica y financiera global que mantiene con China. En poco tiempo el presidente Trump estará agradecido por tener una Corte Suprema de Justicia autónoma del Poder Ejecutivo.