
La figura del protectorado tiene historia. Los imperios antiguos tenían estados clientes en los que la defensa y las relaciones internacionales eran ejercidos por la potencia imperial, como fue el caso de Roma, y las cuestiones domésticas por un gobernante local. Durante la Edad Media los protectorados estaban envueltos en la doctrina religiosa o en redes dinásticas. Entre los siglos XVI y XX, los protectorados evolucionaron hasta convertirse en una figura del derecho internacional. A partir de 1945, cayeron en desfavor, ya que se entronizó mundialmente el nacionalismo y la descolonización.
En nuestro hemisferio, el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe sirvió de telón legal para el establecimiento de protectorados en Panamá, Haití, Nicaragua y la República Dominicana.
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Con la independencia de Palau, cesó de funcionar en noviembre de 1994 el Consejo de Tutela de las Naciones Unidas, cuya función era supervisar un conjunto de protectorados heredados de la Liga de Naciones o tomados de las potencias derrotadas en la II Guerra Mundial.
Estados Unidos parece haber optado por esta forma de gobierno para restablecer orden en territorios afectados por guerras interminables o penetrados por el crimen organizado transnacional.
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Esta selección estratégica llena los requisitos de la tesis anunciada por la administración Trump como paradigma de las relaciones hemisféricas, ya que une la Doctrina Monroe al corolario Roosevelt dentro de la óptica del cumplimiento de la ley.
La primera experiencia dentro de este paradigma es Venezuela, país en el cual ha gobernado el brazo político del crimen organizado transnacional por los últimos veinte años. “Un cuerpo de coordinación entre entidades criminales cuyo propósito era repartir el botín; eliminar enemigos y controlar a la población objetivo vía el terror.” Ese país, sin embargo, es cuna de una de las sociedades civiles más obsesivamente democráticas.
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A lo largo de 27 años, esa sociedad civil ha agotado todos los medios democráticos para desalojar del poder a la claque gobernante. Protestas cívicas, marchas, referendos revocatorios, elecciones y, desde luego, solicitar la intercesión de los organismos internacionales competentes para frenar el libre ejercicio de crímenes de lesa humanidad del régimen.
Y Venezuela también es el territorio que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, lo cual conviene mucho a los Estados Unidos ante la segura desaparición de las actividades de ordeño de las rocas del depósito Permiano prevista para dentro de catorce años.
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Bajo estas condiciones, era imposible deponer el régimen criminal sin usar fuerza y desarmar el aparato criminal sin un protectorado. Y es eso lo que estamos viendo desarrollarse en la patria de Bolívar.
Estados Unidos ha tomado posesión del gobierno vía sus propias figuras dirigentes para abortar la violencia y realizar una cirugía política que permita restablecer el estado de derecho.
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En paralelo, está abriendo las puertas a las empresas norteamericanas para que ellas acometan las tareas de reconstruir la infraestructura, restablecer los flujos petroleros y eventualmente organizar elecciones. “Venezuela, por lo tanto, inicia un proceso desconocido desde 1811 cuando se declaró independiente de España.” Y surge entonces la pregunta.
¿Entenderán las fuerzas democráticas este trance histórico y seguirán el ejemplo de líderes como Conrad Adenauer cuya paciencia y profundo conocimiento geopolítico le permitió salvar a Alemania de la desaparición como nación? ¿O pecarán de impacientes intentando forzar la situación, creando la excusa para que el régimen recurra a la violencia y las debilite antes de estar suficientemente fuertes para avanzar? Solo el tiempo lo dirá.
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