El largo brazo del miedo: cuando las dictaduras cruzan fronteras

El atentado contra los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Alejandro Peche en Bogotá volvió a poner en la palestra global el problema de la persecución política en el exilio. Estos dos hombres, que huyeron de Venezuela buscando asilo tras denunciar persecución política, fueron violentamente atacados a tiros mientras residían fuera de su país.

El caso no es aislado, ya es una práctica común de las autocracias. Regímenes autoritarios —desde Moscú hasta Caracas, y también Beijing— han perfeccionado mecanismos para acallar al disidente aunque cruce frontera. Lo preocupante ya no es solo lo que ocurre detrás de muros, sino lo que ocurre lejos de ellos. El exilio dejó de ser sinónimo de seguridad.

Putin y la persistencia del asesinato político

Quizás ningún régimen haya perfeccionado esta práctica como el de Vladimir Putin. Desde Londres hasta Berlín, el Kremlin ha demostrado que su brazo alcanza cualquier rincón del mundo.

El caso más emblemático fue el del ex agente del FSB Alexander Litvinenko, envenenado en 2006 en Londres con polonio-210, una sustancia radiactiva que solo podía obtenerse en laboratorios estatales. Años después, en 2018, otro ex espía, Serguéi Skripal, fue atacado en Salisbury con el agente nervioso Novichok, lo que provocó una crisis diplomática sin precedentes entre Rusia y Occidente.

En 2019, el asesinato en Berlín del checheno Zelimkhan Khangoshvili, ejecutado a plena luz del día por un agente ruso, confirmó que la represión extraterritorial no era una excepción, sino una política de Estado. Los tribunales alemanes concluyeron que el crimen fue ordenado directamente por el Kremlin. A estos casos se suman múltiples intentos de envenenamiento y persecución contra activistas, periodistas y desertores en países europeos, una cadena de ataques que configura lo que hoy se define como una estrategia sostenida de terrorismo de Estado globalizado.

Beijing: la coerción disfrazada

China, por su parte, opera con una estrategia más sutil pero igualmente intimidante. A través de operaciones como Fox Hunt y Sky Net, el régimen busca repatriar disidentes, críticos y sospechosos bajo acusaciones de corrupción o delitos financieros, muchas veces sin garantías judiciales creíbles.

Se trata de una coerción global: acoso digital, vigilancia, amenazas indirectas, presión sobre familiares, y una narrativa política que justifica la represión como “restauración del orden” o combate contra “la subversión”.

Maduro y la réplica del libreto

El caso venezolano, aunque más reciente, sigue el mismo patrón. Desde hace años, el régimen de Maduro ha intentado proyectar su aparato represivo más allá de sus fronteras. Las denuncias de exiliados en Colombia, Perú, Chile y España apuntan a operaciones de inteligencia e intimidación llevadas a cabo por agentes del SEBIN y la DGCIM. El secuestro de Yendri y Peche encaja en esa lógica: un intento de demostrar que el disenso no tiene refugio. Como en los manuales del autoritarismo ruso o chino, la represión ya no se conforma con el control interno: se globaliza, se externaliza, se exporta.

Un caso aún más grave fue el del exteniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en Chile en febrero de 2024. Ojeda, asilado político en ese país, fue secuestrado por agentes de inteligencia de la dictadura en su departamento de Santiago y hallado diez días después enterrado bajo cemento en una fosa improvisada en Maipú. La justicia chilena calificó el crimen como político y vinculó la operación directamente a estructuras del Estado venezolano.

El fiscal regional Héctor Barros y el fiscal nacional Ángel Valencia confirmaron que existen testimonios y pruebas que apuntan a Diosdado Cabello como responsable intelectual del secuestro y asesinato, presuntamente en coordinación con miembros del Tren de Aragua, organización criminal utilizada por el régimen como brazo operativo en el extranjero.

El caso de Yendri y Peche debe servir como alarma: la persecución política ya no está confinada al territorio de la dictadura. El exilio, ese último recurso del disidente, está siendo atacado, convertido en zona de riesgo. Y cuando quien viola derechos humanos sabe que puede hacerlo impunemente, cuando los democráticos miran hacia otro lado por diplomacia o conveniencia, lo que queda son silencios cómplices.

La democracia no es solo un sistema de gobierno, sino una garantía de que ciertos límites no pueden cruzarse. Uno de esos límites debe ser: el respeto al derecho de asilo y la garantía de que quien huye del autoritarismo pueda sentirse seguro. El Gobierno de Petro no ha dado las suficientes garantías para que los venezolanos exiliados en ese país puedan gozar de tranquilidad y respeto a su integridad. Petro actúa como un policía más de la dictadura, permitiendo que Colombia se convierta en una extensión del brazo criminal de Maduro.

La memoria del Letelier, los casos de Rusia, Venezuela y China, todos convergen en una advertencia: perseguir disidentes en el extranjero no es estrategia menor, es ataque directo a los fundamentos mismos de lo que significa vivir en libertad.

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