Colombia regresa al pasado

El crimen organizado se ha transformado en una herida abierta para la democracia en América Latina. De la época de los carteles de los años 80 y 90, evolucionamos hacia una etapa de fragmentación criminal, en la que los grupos armados diversificaron sus fuentes de ingresos, incorporando delitos como el contrabando de minerales, la trata de personas, el tráfico de armas, la extorsión, el secuestro y el lavado de activos. Pero ahora, hemos entrado en una etapa aún más peligrosa: la consolidación criminal.

Esta consolidación implica una fusión alarmante entre la criminalidad, el control social y la toma de poder político. Uno de los casos más preocupantes de esta tendencia es Colombia, un país que había logrado reducir significativamente sus índices de criminalidad en los últimos 25 años, sobre todo tras los acuerdos de paz con las FARC. Sin embargo, los recientes atentados —como el ataque contra el senador Miguel Uribe y más de una docena de acciones terroristas en ciudades como Cali— parecen marcar un giro hacia el pasado, con claros signos de retroceso en materia de seguridad, que evocan los días más oscuros del narcotráfico.

Colombia representa hoy el epicentro de lo que podríamos llamar un cóctel autoritario que comienza con la erosión de la democracia. Desde la elección del presidente Gustavo Petro, la polarización política se ha intensificado de manera preocupante. Los ataques a la institucionalidad, especialmente al Congreso, y la constante estigmatización de los opositores, forman parte de una narrativa cada vez más autoritaria. A este deterioro institucional se suma un resurgimiento del crimen organizado: asesinatos de líderes sociales, reclutamiento forzado de menores, y un récord histórico en cultivos de coca —casi 300.000 hectáreas— revelan una realidad que amenaza con sepultar los avances logrados.

En este contexto, el papel del régimen de Nicolás Maduro resulta clave para entender por qué Colombia parece regresar al pasado. Durante años, Venezuela ha servido como refugio y plataforma para grupos narcoterroristas, a quienes el chavismo ha ofrecido protección a cambio de financiamiento y respaldo político. Hoy, el ELN opera como una especie de “guardia fronteriza” del régimen venezolano, controlando territorios, traficando migrantes, armas y cocaína, e incluso planificando acciones desestabilizadoras contra Colombia desde suelo venezolano.

Lejos de promover la paz, Maduro ha instrumentalizado el conflicto colombiano como herramienta de chantaje político. Ha condicionado su papel como “mediador” a la normalización de su dictadura, y recientemente ha acusado a Estados Unidos de intentar derrocar al presidente Petro —una narrativa que han replicado tanto las disidencias de las FARC como el propio mandatario colombiano. Esta coincidencia discursiva no es menor: refleja la fragilidad institucional de Colombia, y la permeabilidad de su liderazgo frente a influencias externas.

Estos acontecimientos revelan no solo una crisis interna, con un presidente dispuesto a tensar los límites del poder y explotar la división social para sus propios fines, sino también una vulnerabilidad regional más amplia. Colombia difícilmente podrá aspirar a una paz duradera mientras Venezuela siga siendo un santuario para estructuras criminales que socavan la soberanía y la estabilidad democrática.

La dictadura de Maduro, con su respaldo irrestricto a grupos terroristas y su apertura geopolítica a potencias como China, Rusia, Irán y Cuba, representa hoy uno de los principales desafíos para el orden democrático en América Latina. Pensar que estas potencias se limitan a instalarse en Venezuela sin buscar expandir su influencia sería ingenuo. Venezuela se ha convertido en una cabeza de playa desde la cual se proyecta una agenda autoritaria y antioccidental que busca socavar los valores democráticos en todo el hemisferio, disfrazada de cooperación económica y solidaridad internacional.

Colombia se encuentra en una encrucijada histórica. El retorno a los patrones de violencia y captura territorial por parte de actores armados no es solo un problema de seguridad: es una manifestación de la fragilidad democrática en un país que, por décadas, ha estado atrapado entre la guerra y la esperanza.

La consolidación criminal, el debilitamiento institucional y la influencia de regímenes autoritarios externos componen un triángulo de inestabilidad que debe ser enfrentado con claridad, firmeza y visión regional. La paz no es un decreto: es un proceso colectivo que requiere Estado de derecho, justicia social y soberanía territorial real. Y, sobre todo, la paz en Colombia no será posible mientras la dictadura en Venezuela siga exportando violencia, refugiando terroristas y cultivando una agenda autoritaria que no conoce fronteras.