Aragua: el tren de Maduro

La ruidosa incursión de 11 mil policías y militares venezolanos al penal Tocorón, guarida de la feroz banda criminal el Tren de Aragua, ha sido coordinada entre el Gobierno y los propios delincuentes, incluyendo la fuga de su líder, ‘El Niño Guerrero’, y hampones de la plana mayor.

El operativo se realizó para acallar las crecientes protestas de las autoridades y la prensa de Perú, Chile, Ecuador, Argentina y Colombia por la sospechosa inacción del régimen de Maduro para controlar ese establecimiento penitenciario, desde donde salen despiadados malhechores para extorsionar, asesinar, secuestrar y explotar sexualmente a centenares de personas, traficar con drogas y armas de fuego.

Esos crímenes suceden desde el 2016 y sus autores son parte de los 7,7 millones del venezolanos que emigraron a todo el mundo, de los cuales 1,5 millone mil se encuentran en el Perú.

Maduro conocía muy bien, al detalle, qué ocurría en Tocorón, por abundantes informes de medios de comunicación, de los servicios de inteligencia y de la propia Iris Varela, ministra para el Poder Popular del Servicio Penitenciario, que ingresó varias veces a ese centro.

Inclusive, la periodista Ronna Rísquez publicó un libro titulado El Tren de Aragua: la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, redactado luego de visitar el penal en cinco oportunidades.

En ese texto la escritora sostuvo que el reclusorio contaba con piscina, casino, discoteca, restaurantes, tiendas de ropa fina, casa de cambio, licorerías, mercados, cancha de béisbol, un zoológico y la seguridad estaba a cargo de internos armados que se movilizan en motos.

En el reciente desalojo a cargo de las fuerzas del orden se confirmó esa versión y también encontraron bazucas, granadas, fusiles con mira telescópica, cohetes antitanques, morteros y cajas con miles de balas.

Sin duda, Tocorón era una fortaleza; un territorio liberado con anuencia del Gobierno que, inclusive, permitió la construcción de túneles de ingreso y salida al exterior, de 15 metros de profundidad y 14 kilómetros de largo.

Didier Guevara, fundador de la consultora The Robot Company, comentó que “por lo menos desde hace ocho años las hordas criminales han servido al régimen castro-chavista como fuerza de choque contra las protestas antigubernamentales o para asesinar opositores y activistas políticos incómodos para la dupla Maduro-Diosdado Cabello”.

Por su parte, el general peruano Óscar Arriola, un respetado jefe policial, dijo que “los componentes del Tren de Aragua son una organización sin ideología política, pero al servicio de la política, a disposición del régimen chavista que los sometió desde sus inicios”.

¿Por qué Maduro reacciona ahora luego de permitir durante siete años que esos hampones cometieran execrables crímenes en el hemisferio?

La explicación la encontramos en que pretenden aminorar las crecientes protestas de las naciones afectadas y porque el desalojo forma parte de las negociaciones secretas entre Caracas y Washington para liberar fondos venezolanos del exterior.

Solo en Estados Unidos, en efecto, la cifra congelada asciende a 23.000 millones de dólares y en Gran Bretaña, a 1.000 millones de dólares, valor del oro depositado en el Banco de Inglaterra.

Además, existen sanciones a las empresas de EE. UU. que comercialicen y/o otorguen empréstitos a la dictadura chavista, que hoy registra un 92 % de su población en pobreza, de los cuales 74 % están en la miseria.

En la reciente cumbre de Doha, en Qatar, Juan Gonzalez, asesor del presidente Biden para Asuntos Latinoamericanos, se reunió en secreto con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Bolivariana y persona de confianza de Maduro.

Según fuentes diplomáticas, los estadounidenses se comprometieron a liberar parte del dinero retenido al Gobierno venezolano, a cambio de que Maduro garantice elecciones supervisadas, la libertad de presos políticos y contener la exportación de delincuentes concentrados en el penal intervenido.

Ante esos luctuosos hechos, las familias de los ciudadanos asesinados extorsionados, torturados o prostituidos por la banda del Tren de Aragua tienen el legítimo derecho de denunciar al gobierno venezolano por permitir que esos delincuentes provocaran delitos en la región y también deben tener claro que su desgracia tiene un promotor y encubridor: el dictador Nicolás Maduro Moros, asistido por la cúpula civil y militar que ha destruido la patria de Bolívar.