Falta de capacidades

Hasta antes de la pandemia de la Covid-19, la economía peruana había registrado veintiún años de crecimiento ininterrumpidos, como resultado de las políticas de libre competencia, apertura al mundo, promoción de la inversión privada (nacional y extranjera); así como por establecer el rol subsidiario del Estado, con lo que se desterró la figura del “Estado Empresario”, de aquel Estado intervencionista, ante la evidencia de tantas pérdidas económicas y sociales que produjo para todos los peruanos.

Sin embargo, a pesar de tales cambios en el sistema económico, que propiciaron, entre otras cosas, una reducción de la pobreza de 58.7% en 2004 a 25.9% en 2021, nuestro país presenta un desarrollo bastante heterogéneo entre los departamentos a nivel nacional. Por ejemplo, según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares, más de la mitad de la población de Huánuco, Loreto, San Martín y Ucayali, no cuenta con al menos un servicio básico que les asegure una vida digna.

Lo anterior devela falencias, pero no en la generación de recursos, sino en cómo se tradujeron, o no, finalmente a la población; en cómo avanzó, o no, el cierre de brechas en el interior del país. Así, en los últimos años, meses e incluso días, hemos sido testigos del descontento generalizado de peruanos que están cansados de la ausencia del Estado, de la ausencia de servicios, de la falta de previsión de sus autoridades para atender urgencias con los recursos que se tienen.

El crecimiento económico peruano, la solidez macroeconómica reconocida por el mundo entero, no han venido acompañadas de una adecuada y oportuna gestión de los recursos, particularmente de parte de los Gobiernos subnacionales: Gobiernos regionales y Municipalidades, y esto se debería, entre otras cosas, a la falta de capacidades de las autoridades y funcionarios que año tras año resultan elegidos para ocupar un cargo o un puesto de trabajo, pero que en su día a día evidencian total desconocimiento de cómo planificar o tomar decisiones de política, en perjuicio de la población en su conjunto.

Por ejemplo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2021, a nivel nacional, 808 municipalidades (43.1% del total) reportaron requerir capacitaciones en evaluación de riesgos de desastres; mientras que 764 municipalidades (40.8%) requerían capacitaciones para la elaboración de planes de prevención y reducción de riesgos de desastres.

Es decir, con los datos, la evidencia, no solo tomamos cuenta de los bajos niveles de ejecución presupuestal de inversión pública en la mayoría de los departamentos a nivel nacional, que en 2022 dejaron sin ejecutar S/ 16,543 millones, equivalentes al 60% de la brecha de infraestructura de alcantarillado sanitario de todo el país, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sino que también de la falta de capacidades para atender urgencias en el interior del país.

Todos sabemos que el “costo político” de realizar ajustes en la fallida descentralización de nuestro país es bastante alto, y que difícilmente el Gobierno de turno asuma ese pasivo. Sin embargo, queda en todos los peruanos, en la opinión pública, en los medios, en la academia y en las instituciones, continuar poniendo en evidencia que el nivel de autonomía con el que cuentan las autoridades subnacionales, lo que les permite hacer o no hacer a su antojo, sumado a la falta de capacidades de funcionarios, viene limitando el desarrollo a nivel nacional y alentando el descontento social, con las consecuencias que ello trae en materia de gobernabilidad.