Informalidad y desastres naturales

El mortífero terremoto que hace unas semanas asoló Turquía y Siria, sumado a la tragedia sufrida en la localidad arequipeña de Secocha a raíz de un huayco, han vuelto a poner en el debate público el tema de la vulnerabilidad de nuestro país frente a la ocurrencia de este tipo de fenómenos naturales. Ha quedado en evidencia, una vez más, que la muerte y la destrucción que estos sucesos provocan están directamente relacionados con la ausencia de la planificación y gestión del suelo, con la incidencia de la informalidad en la construcción –especialmente de viviendas– y con la improvisación de las iniciativas de prevención de riesgos y de atención de las emergencias.

Una investigación efectuada por Grade demostró que el 93% de la expansión producida en las 40 ciudades más pobladas del país entre el año 2001 y el 2018 fue promovida, casi en partes iguales, por la urbanización informal o por el tráfico de tierras. Este asentamiento irregular, tolerado (y a veces estimulado) por el Estado, provoca una gran ineficiencia en el uso del suelo, encareciendo la dotación de servicios y poniendo en riesgo a los pobladores que ocupan estas áreas, tanto por la baja capacidad de estos terrenos para recibir edificaciones como por la violencia que ejercen los traficantes para sostener sus “negocios”. La responsabilidad del Estado en la consolidación del asentamiento ilegal de la población es mayor aún si se tiene en cuenta que una parte sustantiva de los terrenos que se encuentran en las áreas de expansión urbana son de propiedad estatal.

De otro lado, un estudio desarrollado por Capeco determinó que el 67% de las viviendas producidas en Lima Metropolitana durante el periodo 2008-2020 se construyeron informalmente, apenas 2.5 puntos porcentuales menos que en el periodo 1996-2007. Se estima que, en el interior del país, la edificación informal puede llegar actualmente al 80%. Este alto nivel de incidencia se explica por la ausencia de control municipal y, sobre todo, por la poca importancia que se concede a los programas de vivienda social en el Perú, que apenas tienen recursos para financiar alrededor de 50 mil unidades habitacionales anuales, lo que equivale a un tercio de lo mínimo indispensable para reducir progresivamente el déficit tanto cuantitativo como cualitativo.

Además, durante los veintiún años de vigencia de la política nacional de vivienda, el desarrollo del mercado de vivienda social se ha visto afectado por decisiones administrativas equivocadas, implementadas tanto desde el nivel central como local. El referido estudio de Capeco calculó que, si estas decisiones administrativas no se hubieran tomado, la construcción informal de viviendas en Lima Metropolitana habría sido de 53.6% entre 2018 y 2020, liberando a cerca de 115 mil familias del riesgo de una vivienda insegura y de baja calidad.

Además, la política de provisión de servicios de agua y saneamiento es absolutamente disfuncional e ineficiente. En efecto, las empresas públicas encargadas de tales servicios no solamente se encuentran en condición de insolvencia económica y precariedad administrativa, sino que las inversiones que efectúan –financiadas en gran parte por subsidios “ciegos” otorgados por el Ministerio de Vivienda– se dirigen casi exclusivamente a “perseguir a la invasión”, lo que termina alentándola hasta extremos absurdos. Por ejemplo, dotar de agua y saneamiento a una familia que vive en Lima Este puede demandar un costo equivalente al de dos viviendas sociales. De otro lado, las tarifas que se cobran por estos servicios están muy retrasadas, haciendo imposible cubrir los costos de operación, mantenimiento y reposición. Esta situación, lejos de solucionarse, cada vez se agrava más. Prueba de ello es que, hasta el momento, no se sabe qué entidad y con qué recursos se mantendrán las redes de drenaje pluvial que se vienen construyendo en las ciudades del norte del país, en el marco del Plan para la Reconstrucción con Cambios (PRCC).

Finalmente, las actividades de prevención y atención de emergencias se realizan utilizando tecnologías de información y logística obsoletas y dejando de lado a empresas privadas que cuentan con cadenas nacionales de distribución de alimentos, medicinas, ropa, materiales de construcción y de entrega de dinero. Para realizar estas actividades tampoco se trabaja de forma intensiva y coordinada con entidades de la sociedad civil que gestionan programas de ayuda social ni con las organizaciones de pobladores, como las juntas de vecinos en barrios urbano-marginales o las comunidades campesinas en las zonas rurales.

Teniendo en cuenta que los fenómenos naturales intensos son recurrentes en nuestro territorio, es indispensable desarrollar políticas permanentes y coordinadas que combatan la informalidad y terminen con la improvisación, para reducir sensiblemente el alto número de muertos, heridos y propiedades destruidas que estos provocan en las familias peruanas, especialmente en las más pobres.